Chilpancingo, Gro., El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que 2021 concluyó sin que “las víctimas de desplazamiento forzado interno pudieran regresar a sus lugares de origen ni consiguieran ser reubicados”.
Entre los pendientes para resolver este problema es que “no se generaron condiciones de seguridad para que las familias retornen a sus comunidades; no hay polí-ticas públicas para prevenir y evitar el desplazamiento”, señaló el organismo.
Por lo anterior, solicitaron a las autoridades federales y estatales que “se otorgue la reubicación digna y tierras suficientes para que desarrollen su vocación campesina y que la reparación del daño sea acorde con lo que perdieron”.
Demandaron a los senadores aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno para que pueda tipificarse este hecho violento como delito, para que a las familias exiliadas se les otorgue la calidad de víctimas, a fin de que se les atienda de manera inmediata e integral y con perspectiva de género.
Asimismo, que “el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de convertir al estado de Guerrero en un santuario de los derechos humanos, cuando menos no muera en el intento”.
Mencionó que los desplazados fueron “miles de seres humanos de diferente origen y posición económica que todavía lloran al recor-dar todo el horror que vivieron antes de tomar la decisión de huir, por todo lo que dejaron en sus comunidades para salvar la vida y volver a empezar”.
Recordó que en Guerrero, el Centro Morelos es pionero en el acompañamiento y representación de familias víctimas de desplazamiento forzado Interno desde 2011, ocasionado por los grupos narco-paramilitares que pelean el control del territorio.
“Hay alrededor de 20 mil”
“Resulta difícil realizar un balance respecto de la postura de los gobiernos federal y estatal en cuanto a las acciones emprendidas para atender a los alrededor de 20 mil desplazados que hay prácticamente en toda la entidad”, subrayó.
Denunció que para empezar “no existe un registro oficial respecto al número de víctimas y hay mucha resistencia para otorgarles el reconocimiento de víctimas”.
Incluso, la ley general en la materia “no contempla de manera amplia esos casos, no existe una ley general de desplazamiento forzado interno, a pesar de que durante 2021 los diputados federales aprobaron dicha ley, que se atoró en el Senado.
“Por lo anterior, las víctimas están indefensas. Además, no queda claro cómo se definirán los montos de la llamada reparación del daño”, insistió el organismo civil.
Refirió que los municipios donde más casos se registran son Zirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, entre otros.
