El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, continuar con el proceso de revocación de mandato, luego de que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenaron así hacerlo, tras acordar suspenderlo bajo el argumento de insuficiencia presupuestaria.
En sesión extraordinaria, el consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que si bien se buscarán hacer los ajustes para destinar recursos a la revocación, insistió en que no se pondrán en riesgo las atribuciones constitucionales del instituto ni sus obligaciones, incluidas las laborales. Ello luego de que los representantes de Morena propusieron generar ahorros a través de los fideicomisos “creados para atender a la burocracia dorada”.
Córdova resaltó, además, que lo resuelto en la materia por la Sala Superior del TEPJF, el jueves pasado, también abre la puerta para acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar una ampliación presupuestal.
“La revocación de mandato continúa en sus términos, hay un diferendo judicial que no ha sido resuelto en su sustancia por la SCJN y mientras ello ocurre, el INE seguirá con los recursos que dispone, tomando las medidas conducentes hoy y en las semanas por venir” para realizar este mecanismo de participación directa, aseguró.
En la discusión, los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey, Adriana Favela y Norma de la Cruz reconocieron que el INE no ha abordado lo suficiente las propuestas para hacerse de más recursos.
Faz mencionó que se requiere ahondar “en el análisis de los diversos escenarios”, que al interior de este colegiado algunos de sus integrantes ya han propuesto. Como ejemplo, dijo, los estándares de calidad, que se han aprobado bajo condiciones presupuestarias óptimas, así como la estrategia de capacitación.
Al respecto, los consejeros Jaime Rivera y Ciro Murayama insistieron en que con las propuestas planteadas hasta ahora no se podrían reunir los 3 mil 830 millones que se requieren. Rivera afirmó: “no hablamos de un pequeño déficit”, sino de una diferencia de 2 mil 300 millones de pesos, pues hasta el momento el INE sólo contaría con mil 503 millones.
César Hernández, consejero del Poder Legislativo por Morena, conminó al Consejo General “a que escudriñe” y observe que existen “por lo menos” 2 mil 602 millones de pesos entre ingresos adicionales y fideicomisos “que se pueden extinguir”, como los destinados a atender el pasivo laboral y el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, “calculando el salario individual se proyecta un descuento de 40 por ciento para titulares y 10 por ciento para el resto de las plazas”.
El acuerdo aprobado instruye a la Secretaría Ejecutiva definir las adecuaciones adicionales que podría llevar a cabo para la organización de la revocación.
Por otra parte, en la sesión, Córdova se refirió al desistimiento de la presidencia de la Cámara de Diputados de continuar con la denuncia penal contra los consejeros que votaron por posponer temporalmente el desarrollo del proceso de revocación de mandato, el pasado 17 de diciembre, y dijo que no basta con ello, “porque hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos servidores públicos”. Ojalá, expresó, “esta congruencia con el estado de derecho también abarque a las autoridades ministeriales”.
Un millón 429 563 mil firmas verificadas
Hasta el miércoles por la noche, un millón 429 mil 563 firmas de apoyo a la revocación de mandato habían sido verificadas en total, de manera preliminar, en la lista nominal; lo que representa 51.83 por ciento de las 2 millones 758 mil 227 que se requieren para llevar a cabo este mecanismo. Además, ocho estados habían rebasado el porcentaje mínimo de 3 por ciento: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Colima y Morelos.
