El parlamento de la provincia de Chubut, sur de Argentina, aprobó una ley a favor de la minería en diciembre, pero debió anularla una semana después ante la insurrección masiva de la población. Es uno de los mayores triunfos de los sectores populares latinoamericanos, frente al gobierno provincial y al nacional, ambos progresistas y extractivistas.

En cuatro días de rabia, una enorme pueblada (insurrección) que llegó a incendiar la casa de gobierno de Rawson, la capital provincial, forzó al gobernador a anular lo aprobado por el parlamento para calmar la protesta.

De este modo, Chubut se suma a la provincia de Mendoza que en 2019 también consiguió frenar la minería. Desde agosto pasado, Chubut se encuentra en emergencia hídrica y en las principales ciudades hay cortes de agua por la escasez.

En Chile, el año comenzó con un sostenido aumento de la insurgencia pacífica mapuche, que no se ha dejado desgastar por los procesos electorales. En la región de Temuco, se registra un crecimiento exponencial de la recuperación de tierras que llevó al gobierno de Sebastián Piñera a decretar la ocupación militar de Wall Mapu, en un inútil intento por contener la lucha.

Para tener una idea de la magnitud del movimiento, vale decir que entre enero y abril de 2020 hubo 35 recuperaciones de tierras por comunidades, pero en los mismos meses de 2021 la cifra trepó a 134 tomas.

El hecho más significativo del año fue la gigantesca movilización lanzada por el pueblo colombiano el 28 de abril. En esa fecha fue convocada una huelga de 24 horas por las centrales sindicales, pero las y los jóvenes desbordaron la convocatoria. En los hechos, la paralización duró más de dos meses; con carreteras cortadas durante semanas, como la estratégica Panamericana que regula el tránsito de mercancías.

Las manifestaciones de millones de personas abarcaron cientos de municipios, paralizando el país con acciones masivas y con la creación de “puntos de resistencia”, donde se concentraban jóvenes para liberar zonas y hacer una vida cotidiana segura, ante la brutal represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La ciudad de Cali, cuya población es mayoritariamente afrodescendiente, fue el epicentro de la protesta con 25 “puntos de resistencia”, con el derribo de estatuas de conquistadores y la edificación de antimonumentos como Resiste, emblema del levantamiento popular.

Hubo decenas de muertos y desaparecidos por la acción represiva. Pero la verdadera sorpresa vino de abajo: en Cali estuvo presente la guardia indígena Nasa, que recorrió más de 100 kilómetros para apoyar a los manifestantes, acosados también por civiles que fueron armados por la policía. Se crearon también las “primeras líneas” de autodefensas urbanas juveniles, pero también las hubo de madres para proteger a sus hijos e hijas, de sacerdotes y hasta de militares retirados.

Las sucesivas ondas de protestas se continúan hasta diciembre, con la llegada de la Minga indígena a Cali, en protesta por el continuo asesinato de sus integrantes y en renovado apoyo a sus habitantes.

Las protestas y rebeliones enterraron al uribismo (la ultraderecha militarista de Álvaro Uribe) que gobierna Colombia con mano de hierro desde comienzos del siglo XX; trasladaron el centro de la resistencia desde las áreas rurales hacia las urbanas; colocaron a la juventud sin futuro en el centro del escenario político y generaron una intensa politización de la sociedad, cuya inmensa mayoría reclama cambios urgentes.

A mediano plazo, la confraternización entre indígenas y jóvenes urbanos puede abrir las puertas a nuevas relaciones entre sectores clave para el diseño de prácticas emancipatorias en la nación.

Debe destacarse que en plena pandemia, el EZLN tomó la iniciativa al convocar la Travesía por la Vida, con la que abrazó las resistencias de Europa durante los meses de setiembre a diciembre.

Sostengo que esta gira representa un viraje en la solidaridad internacional y en el modo como se relacionan los movimientos. Hasta ahora predominaban los grandes encuentros, como hicieron las cuatro internacionales, y espacios como el Foro de Sao Paulo, protagonizados por varones, blancos y académicos, dirigentes de partidos y movimientos, reunidos en hoteles de lujo o en universidades.

En el norte del Perú se formó en diciembre el Gobierno Territorial Autónomo Awajún, con lo que son ya seis pueblos amazónicos, y unas 150 mil personas, las que decidieron recorrer el camino de la autonomía.

Este año hemos comprobado cómo los pueblos se van sobreponiendo a los estragos de la pandemia del Covid-19 y de los gobiernos que, a derecha e izquierda, aprovechan la crisis para profundizar el modelo. La gobernabilidad neoliberal se está esfumando por el activismo de abajo.

Todo indica que 2022 será un año decisivo. Creo que el gran desafío de los movimientos consiste en superar la dinámica de subida y bajada de la movilización, para construir organizaciones capaces de darle continuidad a las resistencias.