Una de las grandes conquistas logradas por las mujeres de Estados Unidos fue que la Corte Suprema reconociera en 1973 el derecho al aborto. En su fallo, asentó que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Ese logro fue fruto de la lucha que encabezó la abogada Sarah Weddington, quien murió el lunes pasado a los 76 años, rodeada del reconocimiento mundial por su labor en pro de los derechos humanos. Ella fue fundamental en la tarea de derrotar la campaña de las iglesias y de los grupos ultraconservadores del vecino país que piden defender la vida desde el momento de la concepción.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia estadunidense está en manos de juristas conservadores, herencia del ex presidente Trump. Como resultado, hace unos días el máximo tribunal decidió dejar en vigor la ley que prohíbe el aborto en Texas después de las seis semanas de gestación.
Sin embargo, dejó la vía libre para que un grupo de organizaciones y clínicas que allí practican abortos puedan continuar su batalla legal en varias instancias judiciales. Así, un juez puede dejar sin efecto dicha ley, a la cual se opuso el gobierno del presidente Joe Biden y las clínicas.
En Estados Unidos, cada año se practican más de 600 mil abortos, no siempre en condiciones sanitarias adecuadas, lo que puede ocasionar la muerte y lesiones. Las afroamericanas y latinas son las que con más frecuencia recurren al aborto. Prohibirlo aumentará el número y la influencia de quienes integran estos grupos sociales. Algo contra lo que luchan los supremacistas blancos, para que la declinante potencia conserve su “esencia”, “identidad” y pureza. Hay más abortos en los países donde se limita el acceso a los métodos anticonceptivos. La práctica se reduce si las mujeres, en especial las adolescentes, tienen información sobre métodos modernos y pueden acceder a ellos; si existe educación sexual integral y acceso al aborto legal.
En México, cada año se realizan más de un millón de abortos. En más de la mitad de los casos son embarazos no planeados que se resuelven mediante un legrado inducido, lo que pone en peligro la vida de la mujer. En una decisión histórica, la Suprema Corte de México despenalizó la práctica el 7 de septiembre. Pero en 26 entidades aún se castiga. Lo condenan las iglesias y organizaciones políticas de derecha. El acceso al aborto es un derecho humano.
