La situación jurídica del ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se definirá el próximo lunes, cuya detención es un asunto estrictamente penal relacionado con el delito de trata de personas y no tiene ningún matiz político, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No tiene nada que ver con un asunto de funcionarios o políticos ni mucho menos, sino con un delito grave que termina en el cumplimiento de la orden de aprehensión y, obviamente, esta persona (Gutiérrez de la Torre) tiene todo el derecho a su defensa.

Destacó la actuación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que determinó no cerrar el caso, pues cuando lo recibió estaban a punto de darle carpetazo.

En la audiencia realizada con el sistema tradicional, la juez 17 penal del Poder Judicial de la Ciudad de México le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada oficiosa, por lo que permanecerá en el Reclusorio Oriente, donde fue ingresado el pasado miércoles.

Luego de realizar su declaración preparatoria, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el lunes con el careo con las víctimas.

El abogado de tres de cuatro víctimas, Héctor Alberto Pérez Rivera, aclaró que su detención –en un inmueble de la alcaldía Tlalpan– no fue ilegal porque se interpuso un recurso de revisión del amparo que solicitó, el cual quedó sin efecto, de lo cual tiene conocimiento su defensa.

Con “argucias” busca evitar que se le dicte auto de formal prisión, lo cual “consideramos es innegable porque la jueza ya actuó contra dos involucrados, aunque todavía faltan otros dos, y podría pasar 50 años en prisión”.

La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, informó, a su vez, que los recursos legales interpuestos no suspenden la orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa, que son graves, y exhortó a otras posibles víctimas a denunciar.

Dicha orden de aprehensión, precisó, fue el resultado de una revisión minuciosa de las actuaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia, donde quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia.

Señaló que del estudio técnico jurídico del caso se desprendieron actuaciones defectuosas, como declaraciones victimales insuficientes, omisión de actos de investigación y una deficiente búsqueda respecto de la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación.

Además, la ausencia de diligencias periciales y filtraciones de datos, por lo que es imprescindible realizar la verificación de los hechos y revelar completamente la verdad.