Ciudad de México. El cardenal Felipe Arizmendi expuso que “los gobernantes tienen obligación constitucional de proteger al pueblo de esos grupos armados que siembran miedo y terror por todas partes”. No obstante, llamó, en su reflexión semanal a que “cada quien hagamos lo que podamos, empezando por conservar la paz en nuestra propia familia y nuestro pueblo, evitando violencias, ofensas y golpes”.

Recomendó que “si alguien puede hablar con una autoridad”, le exprese “lo que sufren nuestros pueblos” y que “si podemos entrevistarnos con algún líder de esos grupos, invitarlo a la conversión”.

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas añadió que “nos preocupa la gran cantidad de migrantes que huyen de la violencia y de la pobreza en sus países, y tratan de llegar a Estados Unidos” pero advirtió que “lo mismo sucede con paisanos nuestros, que igualmente escapan de las amenazas de muerte que reciben por parte de grupos armados, narcotraficantes o extorsionadores”.

Indicó que “hay jóvenes que, para no ser reclutados para fines ilegales y arbitrarios, dejan su pueblo natal y se esconden en otras ciudades” y ante ese panorama “nuestro gobierno federal no enfrenta con toda la fuerza institucional este problema, que no es privativo de algunos lugares, sino casi generalizado en el país”.

El prelado destacó que en la actual administración se dice que ‘primero los pobres’, pero éstos son quienes más están sufriendo los abusos de esos grupos, que van tomando más y más fuerza, pues no hay quien los contenga” y consideró que la acción de dichas organizaciones criminales es “la peor amenaza a la democracia. ¡Sin paz social, no es posible la vida!”.

Recordó que antaño “nuestros pueblitos vivían en paz y tranquilidad. Hay pobrezas y carencias, pero se podía trabajar y disfrutar sin tantas angustias. Había convivencia social y pacífica. Se hacían las fiestas sin sobresaltos”, pero “todo ha cambiado. Vivimos con desconfianza, porque en cualquier momento pueden llegar esos grupos antisociales a extorsionar, amenazar, a secuestrar y a exigir cantidades de dinero para dejarte vivir y trabajar”.

En muchos lugares “se hace lo que ellos (los grupos criminales) determinan y casi nada se puede mover sin su consentimiento. Viven del trabajo de los demás, incluso del trabajo de los pobres. Y como andan con armas largas, todos nos sentimos indefensos y desprotegidos”.