Pese a todo el esfuerzo, aportación laboral y económica que hacen en Estados Unidos, miles de migrantes mexicanos siguen siendo víctimas de abusos a sus derechos humanos fundamentales. Ejemplo de ello son las granjas lecheras, que se ubican en Washington, donde las violaciones van desde acoso sexual, malos tratos, riesgos de trabajo no reconocidos, jornadas laborales sin descanso y amenazas de despedido, de ser deportados y hasta demandados por los patrones si denuncian estos hechos.
Un caso de esos abusos laborales y de derechos humanos, es el caso de Randy, un joven de 27 años, que perdió la vida al ahogarse en el tractor que manejaba y se hundió en un pantano de la granja en la que laboraba. Él cubría con un compañero el turno de noche en la lechería y se encargaba de todas las tareas: alimentar, ordeñar y acarrear el producto de más de mil vacas.
Su historia forma parte del caso de 12 trabajadores que externaron diversas demandas a sus jefes en la lechería Ruby Ridge, ubicada en Washington, también conocido como el caso Darigold.
Otro ejemplo de esas vejaciones es la situación que vivió María González, migrante de origen mexicano y activista, fue víctima de acoso sexual mientras trabajaba en DeRuyter Brothers Dairy. Su agresor, de origen estadunidense, era su subordinado y pasó de los comentarios al maltrato físico.
Estos y otros relatos se publican en el libro Callan por miedo. Personas migrantes cuentan su historia en lecherías del estado de Washington, que se presentó en el Senado, y que recoge una serie de testimonios de vejaciones y violaciones sistemáticas que viven constantemente mexicanos en ese estado, que les fueron narradas a los senadores Rogelio Israel Zamora, del PVEM, y Bertha Alicia Caraveo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, en un viaje que realizaron, invitados por la presidenta de la United Farm Workers, Teresa Romero.
Después de escuchar esos testimonios, manifestó el senador Zamora, el Senado debe trabajar a favor de los migrantes mexicanos que viven y laboran en Estados Unidos, y que son invisibilizados y sus derechos nulificados.
Detalló que cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) refieren que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en el vecino país del norte son de origen mexicano, de los cuales 12.3 millones nacieron en México.
Las principales actividades que realizan son las siguientes: obreros, transportistas y trabajadores especializados de la construcción (26%); trabajadores de servicios (23%); construcción y ocupaciones de reparación (19%). Alrededor del 63% trabajan entre 35 y 44 horas por semana, señaló.
El esfuerzo de este trabajo, destacó Zamora en un punto de acuerdo que presentó al pleno del Senado en la ultima sesión del periodo que se cerró el 15 de diciembre, tiene un gran impacto en los ingresos de millones de hogares mexicanos. En días pasados el Banco de México informó que las remesas de connacionales ascendieron a 42 mil 168 millones de dólares entre enero y octubre. Dicha cantidad ya superó la cifra récord de 40 mil 605 millones de dólares recibidos en 2020. De lo anterior se deriva que en los primeros 10 meses de este año el monto acumulado de los ingresos por remesas registró un aumento anual de 25.6%.
Cabe destacar, señaló el pevemista, que las lecherías que protagonizan el conflicto pertenecen a la Northwest Dairy Asociation (NDA), cooperativa que reúne a casi 440 compañías de Oregon, Washington, Idaho y Montana.
Algunos de estos casos, refirió, han llegado a cortes estadunidenses y han logrado pequeños triunfos, los cuales, con el apoyo de organizaciones como la Unión de Trabajadores del Campo (UFW, por sus siglas en inglés) han presentado y hecho públicas las demandas para visibilizar esta grave situación y exigir el respeto a sus derechos.
Luego del viaje que “realizamos a dicho estado para conocer la situación de los trabajadores mexicanos en las granjas lecheras, donde lamentablemente pudimos constatar de viva voz abusos laborales y de índole sexual que padecen constantemente nuestros connacionales, se vuelve fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral para salvaguardar la integridad y los derechos de las y los trabajadores migrantes mexicanos. Es prioritario que desde el ámbito de competencia de la cancillería y de la Cámara de Senadores se impulse una agenda migratoria enfocada a garantizar los derechos laborales y fortalecer los mecanismos de protección consular”.
