La única posibilidad que tiene Rosario Robles para obtener algún beneficio por las acusaciones penales en su contra, relacionadas con el desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2012 y 2018, sería revelar a las autoridades cuál fue el destino de los recursos que se pagaron ilícitamente por obras y servicios no realizados, señalaron fuentes ministeriales.
La ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y se libró una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, que aún no ha sido cumplimentada.
Este jueves se realizará una audiencia en la que se podría modificar la medida cautelar de prisión justificada y se le daría el beneficio de enfrentar su actual proceso en libertad, pero la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ejecutaría el mandamiento en su contra y sería encarcelada en una prisión federal o bien encarcelada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para quedar a disposición de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez.
Cambio en medida cautelar
Los funcionarios entrevistados señalaron que para obtener un criterio de oportunidad por parte de la FGR que le beneficie como a su ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, Robles Berlanga debe aportar pruebas que acrediten la responsabilidad de algún funcionario con un cargo más elevado y, por nivel de responsabilidad no sería otro ex secretario de Estado, por lo que solamente le quedaría informar cuál fue el destino final que tuvieron los recursos desviados.
En ese contexto, hoy Robles Berlanga será trasladada del penal de Santa Martha Acatitla al Reclusorio Sur, donde un juez de control, determinará si le cambia la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso el 13 de agosto de 2019.
La diligencia está programada a las 15 horas y será el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien la lleve a cabo. Para ello, la ex funcionaria tendrá que ser trasladada y tendrá que presentarse 45 minutos antes para entregar su certificado médico a la Policía Procesal.
