Aunque la Cámara de Diputados se desistió de la denuncia penal contra los consejeros electorales por el acuerdo que frenaba la consulta de revocación de mandato, “tiene que haber una sanción política de esta intentona de cancelar derechos de la ciudadanía”, afirmó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Al asistir a la toma de protesta de Michelle Núñez Ponce como presidenta municipal de Valle de Bravo, y cuestionado sobre la posición del partido en este tema, afirmó que la acción de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) buscaba suspender un derecho sin ser una autoridad competente para tomar la determinación.
Explicó que únicamente el presidente de la República puede establecer medidas de este tipo cuando hay un estado de excepción en la nación, pero requiere para ello la aprobación del Congreso de la Unión e incluso en esa situación no se pueden restringir los derechos políticos, a la vida, a la personalidad, a la no discriminación o a la libertad.
“Lo que ellos pretendieron fue, sin ser autoridad competente, a través de un acto administrativo, suspender un derecho fundamental establecido en la Constitución, lo cual es gravísimo”, agregó el dirigente del partido guinda.
No se trata de una persecución, sino de una consecuencia por las decisiones de los consejeros, recalcó.
Frente al recurso de inconstitucionalidad anunciado el martes por las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, el morenista expresó que dichas fuerzas políticas “están en contra de los programas sociales, no les gusta que ahora el dinero se destine a la gente que más lo necesita, extrañan sus moches y etiquetados”.
Para la oposición, aseguró, el PEF es un “trago amargo” pero para la ciudadanía “es una gran noticia, porque continuará la inversión histórica en la gente, pues con la cuarta transformación el dinero de los mexicanos dejó de ser un botín político”. Comparó que a diferencia de gobiernos pasados en los que “el dinero nunca alcanzaba y se destinaba a moches o se los robaban”, ahora representa una inversión histórica para programas sociales e infraestructura.
