En vísperas del inicio de un nuevo año y una vez que hemos rebasado la primera mitad del sexenio de AMLO, las que corren son fechas propicias para hacer tanto un balance de lo que el gobierno de la 4T ha significado en el escenario político y social del país, como para trazar un boceto de los principales retos que el Ejecutivo debiera colocar como prioridades de su agenda de cara a la segunda mitad de su gobierno, quizá ya no para consumar la transformación de la vida nacional prometida en su campaña –meta que se antoja ya improbable–, pero sí para reivindicar la dignidad y derechos y debidos, en un país azotado por la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, a las víctimas y las mayorías desfavorecidas.
Al cierre de 2021, en el ámbito económico podemos destacar que se ha mantenido un frágil, pero importante equilibrio, especialmente si recordamos que hemos vivido los pasados 21 meses en medio de la pandemia del Covid-19. De cara al futuro, queda claro que el presente gobierno mantendrá su apuesta por una política económica que modifique algunas estructuras de privilegios del pasado, en particular en el ámbi-to de los impuestos y de la transferencia de recursos a sectores desfavorecidos; como muestra hay que mencionar que comenzaremos 2022 con un aumento más al salario mínimo, el tercero de este gobierno, lo que suma un alza nominal al mínimo de 51 por ciento en tres años. No obstante, deberán ser un importante motivo de atención los riesgos derivados de los indicios de una creciente tendencia inflacionaria en el contexto mundial y nacional que podría poner en serio riesgo la estabilidad actual.
En la dimensión social, son muchos los asuntos que ensombrecen el cierre de año, como la agudización de la crisis migratoria, que sigue estando caracterizada por una pauta de abusos y omisiones por parte de las autoridades –agentes migratorios y castrenses– que ha desencadenado actos cada vez más trágicos y alarmantes, que tienen como factor común la violación de los derechos más elementales de las personas que ingresan y transitan por nuestro país. Tan sólo entre enero y octubre, las solicitudes de refugio y las detenciones migratorias alcanzaron máximos históricos; las primeras se triplicaron y las segundas aumentaron 37 por ciento. Desafortunadamente, el próximo año y los siguientes no se prevé una disminución de los flujos migratorios, ante lo cual debieran ser materia prioritaria de revisión y corrección las políticas y estrategias gubernamentales destinadas a la atención de esta problemática, desde un enfoque complejo y multilateral, atravesado por la prioridad de respetar los derechos humanos de las decenas de miles de víctimas de este fenómeno.
Otra nota central del México de la 4T es la continuidad y profundización de la dinámica de militarización en diversos ámbitos de la vida pública, que continúa viento en popa, a pesar de los múltiples esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por demostrar la ineficacia de la militarización como estrategia de combate a la inseguridad, y el aumento en violaciones a los derechos humanos que esta política ha supuesto en los pasados 14 años. Para 2022 la Semar verá incrementado su presupuesto en 17 por ciento, la Sedena en 22 por ciento y la Guardia Nacional dispondrá de recursos superiores a 72 mil millones de pesos; la tendencia presupuestal incremental de estas instituciones es inversa a la que se observa en los organismos constitucionales autónomos, quienes deben cumplir la no menos importante tarea de garantizar los necesarios contrapesos a la hegemonía de un sólo poder que requiere toda democracia.
La agenda medioambiental, que constituye otra de las más notables contradicciones del actual régimen, sigue al filo de la navaja con el reciente decreto que ha convertido a las obras emblemáticas del gobierno en asuntos de seguridad nacional, blindándolas así del escrutinio público; mientras decenas de activistas y defensores del territorio son cotidianamente víctimas de amenazas y agresiones. Hasta septiembre pasado, durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador se tenía registro de 94 defensores medioambientales asesinados. Similar situación vive el periodismo, con 47 periodistas asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, a lo cual hay que añadir las frecuentes expresiones de descalificación del ejercicio periodístico provenientes del propio titular del Ejecutivo, todo lo cual ha deteriorado de modo muy preocupante las necesarias condiciones para el cabal ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
La violencia de género sigue al alza, con 842 feminicidios contabilizados en cifras oficiales entre enero y octubre de 2021 y la impunidad se mantiene oscilando en 99 puntos porcentuales.
Los rubros descritos, junto con la agenda del estado democrático de derecho, deberían constituirse en prioridades para los siguientes tres años. Estamos internándonos al periodo de gobierno en el que se revelará si este sexenio significará un auténtico cambio de régimen o si sólo se habrá tratado de una alternancia más, como aquella que inició en 2000 y acabó de manera fallida y trágica en 2012.
Las segundas mitades de los sexenios, históricamente en nuestra política nacional, son tiempos de desgaste, particularmente porque las narrativas dejan de ser suficientes y las evaluaciones se forjan en razón de resultados. Ahí es donde se jugará la perspectiva del cambio de régimen o simplemente una alternancia política.
