Washington. La libertad de expresión retrocedió en 2021 en América, incluido Estados Unidos, con al menos 30 periodistas asesinados en el hemisferio y persecusión de comunicadores en Nicaragua, El Salvador y Brasil, entre otros países, denunció la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
“El discurso contra la prensa y los ataques ganaron terreno, pusieron en jaque a los sistemas democráticos y penetraron hasta en las sociedades más sólidas, como el asalto al Capitolio de Estados Unidos” el 6 de enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump, afirma.
Durante el asalto al Congreso hubo “violentos ataques e insultos” a periodistas, en algunos casos motivados “no sólo por el odio contra la prensa, sino por el uso del idioma español”, añade.
Latinoamérica sigue siendo una de las zonas más hostiles del mundo para ejercer el periodismo, México es el país más peligroso con 16 periodistas asesinados, seguido de Guatemala y Honduras, con cuatro casos cada uno, Colombia con tres, Venezuela dos y Brasil uno. A ninguno se le ha hecho justicia.
La ONG destaca la situación en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, que “se convirtió en una dictadura y sus prácticas lamentables fueron replicadas por sus países vecinos con un solo objetivo: callar las voces disidentes”.
La prensa independiente de Nicaragua ha sido blanco de amenazas y agresiones desde la cobertura de las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según grupos humanitarios.
Nicaragua cierra el año con más de 160 presos políticos y el exilio forzoso de 45 periodistas.
En la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador “no se quedó atrás” con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
En Guatemala, la presidencia de Alejandro Giammattei “ha significado un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales”, afirma Fundamedios.
Honduras también se encuentra inmerso “en un ciclo de agresiones a la libertad de expresión” y este año entró en vigor un nuevo Código Penal que regula la injuria y la calumnia, las cuales, según estándares internacionales, deberían estar bajo el derecho civil.