La verdad no aguantaron las ganas de endilgarle una más al régimen, y muy temprano, cuando ya se sabía que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, había retirado la denuncia penal en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, a consejo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sólo por eso, desde las trincheras del conservadurismo se hablaba del apoyo de la gente a los demandados.
Por más que se ha querido decir que desde las filas de los ciudadanos se impulsó la rectificación del diputado, o en otras palabras, que Gutiérrez Luna tuvo miedo de continuar con la demanda, es de meridiana claridad tener en cuenta que si el INE contara con el apoyo de las mayorías, ellos, los consejeros, habrían disparado la consulta para buscar el relevo de López Obrador, pero el engaño es parte del juego sucio.
Entonces, sin importar los hechos, la idea era golpear, como se hace en los movimientos de la derecha que buscan, desde todos los ángulos, un instrumento ad hoc para imponer gobiernos dictatoriales con fachada de demócratas. Esta vez el instrumento es el INE. Este organismo que en algún momento se ideó como defensor de la voluntad ciudadana, ahora obligado a sacarse la máscara, no duda en cercenar el derecho a votar en la consulta, como se estila en las dictaduras con tal de golpear a un régimen que supone su enemigo.
Y no se trata de diferentes formas de pensar, idea que utilizan para confundir, porque de ser así se entendería; se trata de hacer ostensible que ellos, los consejeros, son más poderosos que la voluntad de un país que votó para que el Presidente los representara y que ahora con la consulta por la revocación de mandato reiteraría su decisión.
Tal vez sea mejor decirlo así: en el INE se busca anular el poder del voto, como se hace en las dictaduras, porque se pretende impedir una manifestación ciudadana que, ellos lo saben, fortalecería la Presidencia a la que ellos repudian.
Y más: ninguno de los consejeros detenta el cargo a partir del voto, sólo son producto de los arreglos entre los partidos políticos; no obstante, intervienen en la vida pública como si fueran los representantes de la gente.
Es necesario recordar que mientras desde la misma Presidencia de la República se pedía la consulta para dar un paso más en la democracia del país, en el INE, uno de los organismos más ricos del sistema, se exigía la anulación de los decretos por los que se convertía en ley la revocación de mandato.
La controversia constitucional entró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de diciembre de 2021 y en ella se pedía la invalidez de la ley porque en el INE no había dinero para efectuarla.
Como era de esperarse, le dieron palo a los consejeros y la consulta, en sus preparativos, siguió adelante hasta que decidieron suspenderla. Entonces vino un nuevo llamado de atención y la exigencia de no frenar los trabajos.
Se les demando –a seis de ellos– porque presuntamente violaron la ley y no se siguió el juicio, como decimos arriba, por la recomendación que hizo el Presidente de la República, no porque se les considerara inocentes de la presunción.
La respuesta del INE fue dejar con la mano estirada a los diputados acusadores y en lugar de dar cabida a un posible acuerdo, saltó la prepotencia y se atrevieron a decir que era por la presión de la gente la que había logrado el desistimiento. Ni cómo ayudarlos.
De pasadita
Aunque aún no se dan datos que alarmen sobre contagios de Covid-19 en la ciudad, ya hay preparativos para atender al máximo una cuarta ola. Bien por las autoridades.
