Mañana se llevará a cabo la audiencia de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga en el Reclusorio Sur, donde el juez de control, determinará si le cambia la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso el 13 de agosto de 2019.

La ex secretaria de Estado se encuentra presa en Santa Martha Acatitla, acusada de ejercicio indebido del servicio público y provocar daño al erario federal calculado en 5 mil 500 millones de pesos cuando estuvo al frente de ambas dependencias entre 2012 y 2018, periodo en el que, mediante la intervención de universidades públicas de diversas entidades y a través de empresas fachadas se realizó la contratación de bienes que no se entregaron y obras que tampoco se llevaron a cabo.

La diligencia está programada a las 15 horas y será el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien la lleve a cabo. Para ello, la ex funcionario tendrá que ser trasladada ya que tendrá que presentarse 45 minutos antes para entregar su certificado médico a la Policía Procesal.

En octubre, un tribunal colegiado federal le otorgó un amparo a Robles Berlanga, contra la prisión preventiva que la mantiene privada de la libertad desde hace dos años. Sin embargo, el juez de control del Reclusorio Sur, negó cambiarle la medida cautelar por prisión domiciliaria.

Por esta razón, ayer el juez tercero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México ordenó dejar sin efecto la sentencia del juez de control Villar Ceballos, quien en octubre pasado confirmó la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles, e instruyó realizar una nueva audiencia para definir la revisión de la medida cautelar. La ex titular de Sedesol estará acompañada de su abogado Epigmenio Mendieta.

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda advirtió que en caso de no modificar o dictar una nueva resolución, el caso se turnará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la advertencia de la separación del cargo.

Sin embargo, en caso de quedar en libertad, la ex jefa de gobierno capitalino tiene una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por delincuencia organizada que el año pasado libró un juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, delito que amerita prisión preventiva oficiosa.