El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Adán Augusto López Hernández, informó al Senado que la crisis de Covid-19 dejó 3.7 millones de nuevos pobres en México, pero, subrayó, este gobierno recibió al país con 32.7 millones de personas vulnerables por carencias sociales y 9.9 millones con bajos ingresos. Es decir, en 2018 y sin crisis de por medio, había 42.6 millones de personas que estaban en el límite de ser pobres.

Al dar respuesta por escrito a las interrogantes que formularon los senadores durante su comparecencia, efectuada en septiembre pasado en el contexto de la glosa del tercer Informe de Gobierno, y las cuales no respondió en ese momento, sino que apenas la semana pasada lo hizo a través de un documento de 43 cuartillas, el responsable de la política interna del país recalcó:

“Y no fue esta administración quien los puso en esa situación, sino el resultado de décadas de abandono por parte del gobierno y del sistema económico que privilegió el crecimiento en detrimento de la equidad en la riqueza que generaba”.

Los legisladores de oposición le espetaron: “¿Cómo es posible hablar de logros, cuando hay 4 millones de nuevos pobres en México?”

El funcionario precisó en su respuesta por escrito: “Si bien la pregunta merece ser respondida a cabalidad por la Secretaría de Bienestar, que es la encargada directa de los programas de bienestar social, desde la óptica de la gobernabilidad interior del país, que es el tema que ocupa a la Secretaría de Gobernación, puede responderse que sí representa un logro toda vez que la recesión económica ocasionada por la pandemia afectó en menos medida de lo que podría haberse esperado y de lo que afectó a otros países en el mundo”.

Insistió López Hernández en su respuesta: “Esta cifra de mexicanos en condición de vulnerabilidad no era de 3.7 o de 4 millones en 2018, sino de 46.6 millones, por lo que sí es un logro que hayamos mitigado los efectos adversos de una recesión que nos llegó de manera externa”.

Ello, refirió, fue gracias a que la política social de esta administración consistió en dar apoyos líquidos a la propia ciudadanía, especialmente a los beneficiarios de los diversos programas sociales con que este gobierno ha impulsado el desarrollo de las zonas más necesitadas y con ello se mantuvo la producción del mercado interno, especialmente en lo que se refiere a bienes y servicios de consumo básico. Apoyos, destacó, que superan de manera significativa los mil 417 pesos de la línea de pobreza por ingresos que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Se debe conceder además, dijo, que la estrategia nacional de inoculación se hizo con cargo al erario, es decir, “se cuidó que las familias no tuvieran que erogar sus ingresos en una eventual vacuna, que por imperiosa necesidad sería altamente demandada y por tanto habría tenido una espiral ascendente de precios que la habría encarecido, alejando de la posibilidad de acceso a ella a los marginados, o sea, a los más pobres”.

Respecto de los aspectos de gobernanza del país, subrayó, es imperativo hacer notar que durante todo este tiempo en que, “de manera responsable, se han reducido las actividades comerciales, no se presentaron actos de vandalismo, delincuencia o ausencia de gobernabilidad democrática a causa de desabasto de alimentos. Ni bienes y servicios de primera necesidad, por lo que se garantizó el orden”.

López Hernández reconoció que “tan sólo 4.6 por ciento de la población mexicana cayó a un nivel de pobreza más profundo como resultado de la crisis mundial generada por la pandemia, pero esa cifra es mucho menor a la que el secretario general de la ONU informó: 88 por ciento más de personas en pobreza extrema a nivel mundial”.