Madrid. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer que el Congreso elimine las restricciones para el traslado de los presos de la base militar de Guantánamo, Cuba, tras firmar la ley federal de presupuesto, gasto y política del Departamento de Defensa.

La ley de Autorización de Defensa Nacional, que contempla un presupuesto de 770 mil millones de dólares, ha sido criticada por Biden, pese a haberla firmado, por incluir disposiciones que impiden el traslado de los presos a otras cárceles, tanto en el país como fuera, y con ello lograr su cierre.

“La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de países extranjeros y también impide el uso de fondos para trasladarlos a Estados Unidos, a menos que se cumplan determinadas condiciones”, indicó en un comunicado.

Subrayó que la ley “dificulta el cumplimiento de la sentencia final de un tribunal que ordenó la liberación de un detenido mediante un recurso de hábeas corpus” y que también “restringe la flexibilidad del Poder Ejecutivo respecto de su participación en delicadas negociaciones con países extranjeros”.

Asimismo, se mostró preocupado porque esta legislación requiere que los departamentos y agencias presenten informes a ciertos comités que, en el curso ordinario, “incluirán información clasificada”, es decir, información de fuentes de inteligencia o planes operativos militares.

“La Constitución confiere al presidente la autoridad para evitar la divulgación de información sensible a fin de cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad nacional. En consecuencia, ha sido práctica común del Ejecutivo cumplir con los requisitos legales de presentación de informes de tal manera que satisfaga las necesidades del Congreso”, añadió Biden.

La versión final del proyecto de ley también incluye un aumento salarial de 2.7 por ciento para los miembros del servicio militar y los empleados civiles del Departamento de Defensa. Establece, además, una comisión de guerra para examinar el retiro de Estados Unidos de Afganistán y proporciona una suma en ayuda militar a la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania (USAI), tal como informó la cadena CNN.

Incluye cambios en el sistema de justicia militar para combatir el acoso sexual dentro del ejército. El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseveró a principios de mes que es “una iniciativa histórica” que servirá para enjuiciar los delitos relacionados con el acoso y abuso sexual dentro de la institución.

La base naval de Bahía de Guantánamo es un enclave e instalación militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Cuba reclama su soberanía sobre dicho territorio y lo considera “territorio ocupado”, pero Estados Unidos se niega a poner fin al arriendo de la zona con el argumento de un tratado firmado entre ambos países que data de 1903.

Para el gobierno cubano, el territorio de la base es parte del municipio de Caimanera, dentro de la provincia de Guantánamo, localizado al sureste de Cuba. La base naval estadunidense mide aproximadamente 117.6 kilómetros, de los que sólo 49.4 son tierra firme, y una línea costera de 17.5 kilómetros, dentro de los cuales se encuentra su prisión militar.

En el último cuarto del siglo XX, la base fue usada como centro de reclusión para refugiados cubanos y haitianos interceptados en alta mar. Sin embargo, a principios de 2002, una pequeña porción de la base fue usada para albergar dentro de los campos X-Ray, Delta y Echo, a prisioneros sospechosos de tener nexos con la red Al Qaeda y el ejército talibán que fueron capturados en Afganistán.

En enero de 2021 quedaban 40 prisioneros en Guantánamo, la mayoría de los cuales han pasado casi dos décadas en la cárcel.

A lo largo de los años, los prisioneros han reportado sufrir tortura y abuso en la prisión, lo cual negó la administración de George W. Bush. En un reporte de Amnistía Internacional de 2005, la prisión fue llamada el Gulag de nuestros tiempos.