Entre medicamentos, servicios hospitalarios y seguros médicos, hasta siete de cada 10 pesos que los mexicanos gastan en salud salen de su bolsillo, adicionales a las contribuciones que hacen para recibir estos servicios del Estado.

Esta carga extra es resultado de la “fragmentación y mercantilización del sistema de salud” realizada entre 2000 y 2017, exhibe un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El documento subraya que la atención médica en México va en función de cuánto se puede pagar por ella. Con datos de 2018, el promedio del gasto trimestral por habitante en salud era de 838 pesos, pero hay una brecha de 10 veces entre lo que eroga la población con menores ingresos (260 pesos) y la de mayores (2 mil 690), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de ese año.

“A mayor ingreso, los hogares no sólo responden en mayor proporción con su bolsillo (...), sino que también responden a una mayor cantidad de eventos”, devela el estudio publicado por la Cepal. Mientras 10 por ciento de las familias con menores ingresos buscan atención médica en promedio por cada 94 padecimientos, el decil opuesto lo hace por 203.

Sin embargo, debido a “las insuficiencias en cobertura y oportunidad de los servicios públicos”, en toda la población y sin importar el nivel de ingresos, el principal proveedor de servicios de salud en el país es el sector privado, el cual termina por cubrir 94.5 por ciento de los eventos que tienen los hogares.

El negocio que representa el derecho a la salud en México tiene su contraparte en las limitaciones del presupuesto para ese fin, el cuál pasó de 16.6 por ciento en 2000, como proporción del gasto público total, a 15.8 por ciento en 2017. A estos datos se suman estimaciones que prevén lograr un gasto de bolsillo cero en el país sólo hasta 2056, siempre y cuando la actividad económica crezca 3.3 por ciento en promedio.

Sin embargo, el Diagnóstico sobre la mercantilización de la salud en México y propuestas para la construcción de un sistema universal desde la perspectiva del derecho humano a la salud subraya que el país tiene la posibilidad de aumentar su gasto público en salud hasta el equivalente a 6 por ciento del producto interno bruto –meta establecida por la Organización Mundial de la Salud– si elimina “las ineficiencias e inequidades” que acarrea.

Para empezar, recomienda zanjar “la mercantilización, que fue posibilitada por la fragmentación y la jerarquización del sistema de salud, y potenciada por el Seguro Popular, principalmente en lo relacionado con el gasto de bolsillo en medicamentos, seguros privados y prestación de servicios hospitalarios”; al tiempo que aumenta progresivamente los recursos disponibles para salud, independientemente del crecimiento económico.