Madrid. El Consejo de Ministros del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó la reforma laboral que acordó con los agentes sociales –empresarios y sindicatos–, en un pacto que se alcanzaba por primera vez en cuatro décadas y pretende poner fin a dos dramas estructurales del mercado del trabajo español: la alta temporalidad y la precariedad del empleo.
Ahora, la nueva legislación deberá pasar por el Congreso de los Diputa-dos, donde aún no tiene garantizados los apoyos suficientes, sobre todo porque los habituales socios par-lamentarios del gobierno, Esquerra Republica de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco y EH-Bildu, advirtieron que no apoyaran la reforma tal como está planteada.
El actual gobierno asumió el poder en 2019, tras una moción de censura al anterior gobierno, del derechista Mariano Rajoy, y unas elecciones anticipadas en las que los dos actuales partidos en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), se comprometieron a la derogación íntegra de la legislación laboral aprobada por el conservador Partido Popular (PP) en 2012. Más aún, cuando se negociaron los acuerdos parlamentarios para sacar adelante la investidura, el PSOE, UP, ERC y EH-Bildu firmaron un documento en el que se fijó el compromiso de la derogación íntegra de esa legislación laboral.
Pero al final el gobierno de Pedro Sánchez no cumplió, o lo hizo a medias con ese compromiso, una vez que la reforma laboral que sacó adelante sólo modifica 20 por ciento de la legislación de 2012 y no aborda temas cruciales para el movimiento obrero y los partidos de izquierda como el abaratamiento del despido. La actual líder de UP, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra del Trabajo fue la responsable de negociar con los sindicatos y las agrupaciones empresariales, que firmaron un acuerdo, pero ahora deberá pasar el filtro del Parlamento. Y ahí aún puede tener importantes cambios, sobre todo por la presión de los partidos imprescindibles para sacar adelante la ley.
El principal cambio en la nueva reforma laboral es la lucha contra la temporalidad, es decir, reducir al mínimo los contratos de días, semanas o meses y aumentar al máximo los fijos o indefinidos. “El contrato indefinido será la norma y nunca más la excepción”, aseguró la ministra Díaz, que además se mostró convencida de que esta es la primera reforma que “defiende los derechos de los trabajadores en 40 años”. Y a partir de ahora, los contratos temporales serán sobre todo formativos.
Otro importante cambio es el blindaje de los trabajadores fijos de las administraciones públicas, que ya nunca más podrán ser despedidos alegando “causas económicas”. También cambió la figura heredada de la ley de 2012, de los expedien-tes de regulación temporal del empleo, que sirvió para que durante la pandemia no se extinguieran decenas de miles de puestos de trabajo gracias a que una parte del salario de los empleos en suspensión de actividades la asumió el Estado.
El gran reto del mercado laboral español sigue siendo el alto porcentaje de desempleados, que a lo largo de 2021 ha oscilado entre 16 y 14,5 por ciento, situándose entre los más altos de Europa, sólo superado por Grecia. Y, sobre todo, el altísimo índice de desempleo juvenil, que supera 50 por ciento.
Precio de la luz cerrará 2021 en más de 200 euros MWh
Diciembre se convertirá en el más caro de la historia en el precio de la electricidad, al registrarse una espiral nunca vista, que en algunos días llegó a rozar 400 euros por megavatio-hora (MWh), y al cierre del año rondará 200 euros, informó el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, que sólo para este miércoles prevé un costo de 181.09 euros MWh, es decir, un alza de 73 por ciento respecto del día anterior.
Es además la segunda subida consecutiva tras cuatro días de bajas, aunque aún está a menos de la mitad del precio que tenía el 22 de diciembre, cuando se fijó en 360.02 euros y al día siguiente, cuando se marcó el máximo histórico de 383.67 euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informó que un consumidor medio de tarifa regulada finalizara el año pagando cerca de 5,6 por ciento más por su factura de la luz que lo que pagó en 2018, año hasta ahora con la electricidad más cara de los últimos tiempos.