La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tiene un registro de unas 700 obras que no cumplieron con las medidas de integración urbana para mitigar o compensar el impacto por la construcción, ampliación o modificación de edificaciones y que sin embargo obtuvieron certificados de uso y ocupación que expiden las alcaldías.
El informe que entregó la dependencia al Congreso capitalino advierte de un notorio rezago en el cumplimiento de dichas medidas, determinadas en los dictámenes de impacto urbano, “debido a que no existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir”, por lo que adelantó que trabaja en una propuesta de reforma a la ley que facilite su realización.
El documento refiere que de 2015 a julio del año que está por concluir la dependencia resolvió 470 solicitudes de dictamen de impacto urbano, positivas y de modificación, mientras en el seguimiento de las medidas de integración urbana, derivadas de dichos dictámenes, sólo se habían otorgado 66 solicitudes de liberación total y 61 de liberación parcial.
El titular de la dependencia, Gregorio Gómez Cruz, refirió, sin embargo, al mismo Congreso capitalino que existen 694 expedientes de obras que no cumplieron con las medidas de integración, pero obtuvieron de las alcaldías los certificados de uso y ocupación, cuya expedición está condicionada al cumplimiento de dichas medidas.
Como parte de las acciones para cumplir con el objetivo de promover un desarrollo urbano incluyente, la dependencia señaló que promoverá cambios normativos para promover un estudio único de impacto urbano, ambiental y social que se realice de forma preventiva y que garantice que el pago asociado a la mitigación de desarrollos inmobiliarios sea aplicado a infraestructura urbana, promoción de áreas verdes y espacio público.
El dictamen, explica el documento, consiste en la evaluación de un estudio de impacto urbano obligatorio para la construcción de más de 5 mil 500 metros cuadrados, de usos no habitacionales o bien habitacionales o mixtos, o de más de 10 mil metros cuadrados con uso.
“El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano, quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano” y cuenta con opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las secretarías de Movilidad y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la alcaldía en la que se encuentra el proyecto inmobiliario.
