El ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, promovió un nuevo juicio de amparo, en esta ocasión para tener acceso al acuerdo reparatorio que aceptó la Fiscalía General de Justicia local con la empresa Carso Infraestructura y Construcción, por el colapso de una trabe en la Línea 12 en mayo pasado, donde murieron 26 personas.

El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México aceptó a trámite la demanda de garantías, pero la juez Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, le negó al ex funcionario capitalino la suspensión provisional y apercibió al Ministerio Público de la CDMX para que rinda sus informes justificados. Asimismo, fijó el 22 de enero del próximo año para que se lleve a cabo la audiencia constitucional, donde determinará si le concede la suspensión.

“Requiérase a la autoridad judicial responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, comunique si el citado tiene reconocida la calidad con que se ostenta. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá de rendirlo dentro del término de 15 días. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde”, señala el resolutivo.

A finales de octubre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX notificó a Horcasitas Manjarrez, a través de un oficio, que no se le podía dar acceso al documento, el cual forma parte de la carpeta de investigación FICUH/STCMP/UI-3 C/D/00045/05- 2021. Sin embargo, durante la audiencia que se llevó a cabo el 3 de diciembre, el ex director general del proyecto Metro de la Línea 12, anunció que solicitará a través de su abogado Gabriel Regino, la cancelación de la audiencia y del proceso judicial en su contra por este caso.

Incluso en ese entonces, su abogado aseguró que cuando hay un acuerdo reparatorio se extingue la acción penal, con lo que la indagatoria no puede correr por vías separadas.

La defensa de Enrique Horcasitas informó que solicitaría la extinción de la acción penal en su contra, al señalar que la fiscalía capitalina y Grupo Carso llegaron a un acuerdo reparatorio, mismo que la dependencia mantuvo oculto. Según los allegados al caso, el convenio para reparar el daño fue oficializado con la constructora y se entregó días antes de dicha audiencia.