La Secretaría de Gobernación (Segob) informó al Senado que desde la publicación de la Ley de Amnistía el 22 de abril de 2020, “todos los días recibe solicitudes de absolución”, la mayoría de ellas corresponden a delitos contra la salud. Sin embargo, en las 32 entidades del país se analizan 54 casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recalcó lo anterior a la cámara alta en sus respuestas por escrito que envió a los legisladores la semana pasada para atender los cuestionamientos que le formularon en septiembre pasado. Dijo que se analizan las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo los cuales fueron cometidos dichos ilícitos con el objeto de salvaguardar la autonomía de las mujeres “para decidir sobre su cuerpo y su libertad reproductiva”.
Insistió en que, con esa red de atención de los Centros de Justicia para Mujeres, entre enero y agosto de este año se atendieron a más de 150 mil mujeres, es decir, en los primeros ocho meses cada hora 26 mujeres fueron atendidas.
El funcionario, al referirse a los feminicidios, detalló que las estadísticas entre enero y agosto de este año registran 672 carpetas de investigación por este delito, un aumento de 8 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, que se traduce en que, prácticamente tres mujeres al día son asesinadas por el hecho de ser mujeres o razones de género.
El titular de la política interior del país añadió que, en coordinación con las mesas de acceso a la justicia, fiscalías y autoridades locales “hemos atendido y coadyuvado en la revisión de 102 casos de violencia contra mujeres, principalmente feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas para que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género, en todos los casos para reducir la impunidad en este tipo de delitos.
Al dar respuesta a los cuestionamientos que le formularon los legisladores sobre violencia contra la mujer, señaló que se han decretado 25 alertas de violencia de género en 22 entidades, donde Guerrero, estado de México y Veracruz han acumulado dos alertas. Con esta situación, subrayó, 757 municipios del país están obligados a atender 522 medidas: 208 de previsión, 154 de seguridad y 190 de acceso a la justicia.
Refirió que, en el caso de las mujeres recluidas por haberse realizado un aborto, se procederá a implementar las acciones jurídicas que sean necesarias para solicitar su liberación.
El funcionario también resaltó que el gobierno asume su responsabilidad ante los feminicidios en el país, “uno de los mayores desafíos es precisamente contener la violencia feminicida y acabar con la impunidad”.
En su respuesta al Senado, señaló que para atender la violencia contra la mujer se tienen en funcionamiento 55 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). El incremento en el presupuesto de egreso de la federación entre 2019 y este año fue de casi 20 por ciento dirigido a la red de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de la violencia.
El titular de la Segob destacó que, a diferencia del pasado, “hoy reconocemos la magnitud del problema, sin maquillar cifras ni ocultándolas. Por el contrario, hemos impulsado la correcta clasificación del delito de feminicidio, aunque como delito autónomo quedó establecido desde 2012, nosotros hemos mantenido la postura de que toda muerte violenta de una mujer tiene que investigarse como feminicidio.
