Los comuneros del Istmo de Tehuantepec que se oponen a la operación de nuevas centrales eólicas en su territorio han llevado su lucha a tribunales de otros países. Al comenzar este diciembre, un tribunal civil en París desestimó, “por motivos de formalidad procesal” la solicitud de suspensión del parque eólico Gunna Sicarú, a cargo de la multinacional Électricité de France (EDF), una de las mayores productoras de electricidad del mundo.
El siguiente paso, en el Istmo, fue que la autoridad municipal de Unión Hidalgo solicitó la reanudación de la consulta que fue suspendida por la pandemia.
Tal solicitud ha encendido las alertas de las comunidades organizadas en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), que sostienen que EDF “no puede iniciar ningún tipo de acción sobre el parque eólico” pues, entre otras cosas, contravendría la suspensión otorgada por un tribunal colegiado a la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca.
En conferencia de prensa, integrantes de la APIIDTT explicaron que existen dos suspensiones que impiden a la multinacional actuar en la comunidad.
El abogado Carlos González García refirió que como resultado del amparo 302/2020 interpuesto por la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, el tribunal colegiado otorgó una suspensión que protege las tierras y aguas de la comunidad agraria contra las posibles afectaciones.
La empresa ha argumentado que la central será construida fuera de terrenos comunales, lo cual es falso, dado que “la mayor parte de las obras… se ubica en la superficie reconocida y titulada a la comunidad de Juchitán” vía una resolución fechada en 1964. En el expediente agrario, explicó, obran los títulos primordiales que sustentan la propiedad ancestral que Juchitán y otras comunidades han tenido desde hace siglos.
Existen otros dos problemas. Uno, que el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (E/1922/G/2017) establece que las obras debieron concluir el 31 de mayo de 2019 y la central comenzar su operación al día siguiente. Tales plazos están vencidos. Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente suspendió en 2018 la evaluación en materia de impacto ambiental (oficio ESGPA/DESIRA/DG/ 3593).
Estos elementos, sumados a la suspensión lograda por los comuneros, llevan a concluir que “no hay condiciones” para que EDF pueda continuar con la construcción.
Bettina Cruz, representante de los comuneros, responsabilizó a EDF y a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión que puedan sufrir los comuneros “que estamos en lucha por la defensa del territorio”. Según la dirigente, ninguna de las promesas de las empresas de energía –en el Istmo hay 29 parques eólicos– se ha cumplido y ahora buscan, mediante aliados locales, acelerar consultas tramposas para lograr desarrollar sus proyectos.
