Enrique Cabrero fue director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entre 2004 y 2012. Sergio López Ayllón lo sucedió en el cargo y antes fue secretario general y ex director de la División de Estudios Jurídicos (DEJ). Cuando estuvieron al frente del centro, éste se involucró activamente en la defensa de los paramilitares presos por el asesinato de 45 mujeres, hombres y ancianos que oraban por la paz en Chiapas.
El caso no fue una ocurrencia del profesor de la institución y dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, sino una iniciativa institucional. En agosto de 2009, la periodista Laura Poy, de La Jornada, preguntó a ambos directivos del centro cómo se involucraron en el asunto.
En ese momento –respondieron ellos–, Alejandro Posadas y Hugo Eric Flores traían el interés del caso, y se les ocurre decir: “¿Por qué la clínica no toma la defensa de estas personas? Se hizo el análisis, se comentó y se tomó, porque es un caso paradigmático de los problemas de impartición de justicia en México”.
“En esa época Hugo Eric era profesor visitante. De hecho, ni siquiera ingresó al claustro de profesores, aunque tenía las credenciales académicas suficientes y las capacidades, pero él no se involucró en la clínica, su especialidad eran las compras gubernamentales”, puntualizaron.
Añadieron: “El asunto se analiza en la segunda mitad de 2006, pero la decisión de tomar la defensa, una vez que el abogado ha platicado con los procesados y éstos dan su consentimiento, se da hasta enero de 2007 (https://bit.ly/3sBJv2i).”
La historia comienza antes. En 1999, Hugo Eric Flores era asesor del presidente Ernesto Zedillo. Aunque él lo niega, ofreció a los abogados de los presos de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas Cristianas (Confraternice) interceder ante el mandatario y su secretario particular. El 17 de agosto de 2009, el dirigente de Encuentro Social dijo, en entrevista con Carmen Aristegui, que su interés por el caso Acteal proviene de una visita que realizó en 2000 a la ermita donde se produjo la matanza.
¿Alguna vez conversaste con Ernesto Zedillo sobre el tema antes, durante o después de tu decisión de investigar el caso?, preguntó Aristegui. “Nunca”, respondió él. Aseguró que tampoco trató el asunto con algún miembro del gabinete.
Sin embargo, el pastor Arturo Farela Pacheco, de Confraternice, involucrado en el conflicto desde los primeros días, tiene una versión opuesta de los hechos. Afirma que, desde 1999, Flores Cervantes comenzó a preocuparse en el tema siendo asesor de Zedillo. Así lo dijo el 24 de agosto de 2009 en el programa Relieves, de Radio Educación, conducido por Lenica Ávila.
De acuerdo con su testimonio, en los primeros meses del último año del sexenio de Zedillo, Hugo Eric se acercó al despacho de la confraternidad para preguntar sobre Acteal, que llevaba la defensa. “Le explicamos –narra– una serie de violaciones al procedimiento, y nos pidió que le hiciéramos una especie de síntesis para llevarla a Zedillo. En ese entonces Hugo Eric era su asesor. De inmediato accedimos a entregarle tres o cuatro carpetas donde venían detalladas, especificadas las violaciones al procedimiento. Él las recibió y dijo: ‘De inmediato se las hago entregar al doctor Zedillo y a Liébano Sáenz’.”
Según Farela Pacheco, Flores Cervantes les aseguró que el mandatario recibió las carpetas que “le entregamos con todas las violaciones al procedimiento, pero al final prefirió ya no tocar el asunto porque estaba a punto de entregar la Presidencia”.
En 2006, Encuentro Social, dirigido por Hugo Eric Flores, firmó un convenio electoral para apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón (en 2003 se alió a Convergencia y en 2018 a la 4T). Punto central del pacto fue revisar el estado procesal de los expedientes de la masacre de Acteal. Flores Cervantes, entonces profesor del CIDE, publicó, junto a Alejandro Posadas, su jefe en el centro, dos artículos en Nexos (junio y diciembre de 2006), que fueron el pistoletazo de salida de una nueva versión de la masacre, donde los asesinos encarcelados eran víctimas. Un año después, la misma revista divulgó una nueva crónica de los hechos escrita por Héctor Aguilar Camín, que reproduce las tesis de Flores Cervantes y Posadas (https://bit.ly/3pw3u0m).
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la agrupación Alternativa Ciudadana 21 y el CIDE informaron que habían asumido la defensa de los detenidos de Acteal. “Queremos que la Corte se pronuncie y revise la calidad de las sentencias penales, garantizando los derechos fundamentales del debido proceso”, dijo Alejandro Posadas, coordinador de la División de Estudios Jurídicos del centro y promotor de la iniciativa (https://bit.ly/3H8xW6u).
Finalmente, en agosto de 2009, la Corte ordenó la liberación inmediata de 20 de los paramilitares culpados del crimen, porque no se les siguió debido proceso. Luego siguieron otros.
En la entrevista con Laura Poy, Cabrero y López Ayllón aseguran que “De la reunión que tuvo (Hugo Eric) con Calderón nos enteramos tiempo después, pero cuando tomamos el caso sí hubo un debate en el claustro, pero la consideración política nunca estuvo presente”.
Curiosamente, los directivos de un centro de investigación de excelencia no estaban enterados de que la revisión de los expedientes de los presos de la matanza de Acteal que promovieron, de enorme trascendencia ética, jurídica y política, eran parte de un acuerdo entre el Presidente de la República y el profesor del CIDE que llevó el caso a su interior. Tampoco pareció importarles que en realidad abogaran por la impunidad y que las cárceles del país estuvieran llenas de indígenas, esos sí, inocentes injustamente presos.
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