Con el objetivo de coadyuvar a resolver la situación de “pobreza, desigualdad e injusticia” que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas y afromexicanos, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el programa especial para la atención a esas comunidades.
El programa, que dependerá del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pretende, entre otras cosas, garantizar el desarrollo social de esos pueblos y será de atención obligatoria para todas las dependencias de la administración pública federal.
De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2020 3.4 millones de indígenas vivían en pobreza extrema, lo que representa 29.2 por ciento del total de la población que reside en hogares originarios del país.
“En este sentido, la población indígena y afromexicana es la que presenta mayores niveles en los indicadores de carencia social”, señaló el INPI en un comunicado. Agregó que las desigualdades y pobreza en estos sectores “se profundizaron en el periodo neoliberal” debido a las políticas de exclusión.
El Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024 fue elaborado por el INPI en diálogo con las comunidades, conforme a los ejes generales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, detalló la institución.
El programa especial contempla fortalecer y aprovechar la diversidad cultural, social y económica del país; establecer políticas públicas con pertinencia cultural y perspectiva de derechos, diseñadas, ejecutadas y evaluadas en coordinación con los gobiernos y formas tradicionales de organización de los pueblos, y atender sus reivindicaciones y aspiraciones mediante cinco objetivos prioritarios.
Uno será promover el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en particular el derecho a la libre determinación, tierras, territorios y recursos naturales y participación y consulta desde una perspectiva integral, intercultural y de género.
Uno más es garantizar el desarrollo integral y el bienestar común de las regiones indígenas y afromexicanas, mediante el fortalecimiento de sus sistemas económicos, el mejoramiento de la infraestructura social y el aprovechamiento sustentable de sus tierras, territorios y recursos naturales.
También se fortalecerá y protegerá el patrimonio cultural tangible e intangible de esas comunidades, considerando sus expresiones artísticas, científicas, tecnológicas y filosóficas, particularmente la educación, la medicina tradicional, las lenguas indígenas y los medios de comunicación.
El cuarto objetivo es promover la perspectiva intercultural en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de la coordinación transversal de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales con las autoridades indígenas y afromexicanas.
Y, finalmente, se impulsará un marco jurídico e institucional “que dé pleno reconocimiento a los derechos de esos pueblos, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, en especial su carácter de sujetos de derecho público, para la construcción de una nación pluricultural”.
