Para obligar a los gobiernos de los estados a entregar las cuotas que descuentan a los trabajadores y no afectar las finanzas del Issste, el 3 de marzo 2021, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que sanciona a los funcionarios que, de manera dolosa, retengan las aportaciones. Con ella se la considera falta administrativa grave ( La Jornada).
A decir de Luis Antonio Ramírez Pineda, ex director general del Issste, a enero de 2021, de los 64 mil millones de pesos que los gobiernos estatales adeudaban al Issste en cuotas y aportaciones, 55 mil millones correspondían a las cuentas individuales que deberían estar depositados en Pensionissste. También se adeudaban 7 mil millones al pago de los servicios que garantiza el instituto, 2 mil 300 millones a Fovissste. Por lo que urgía a los estados a suscribir convenios para cubrir esos adeudos. Hasta entonces sólo habían firmado Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí ( Reforma, 19/1/21).
Con esos recursos, precisaba, se podría mejorar la infraestructura, el mantenimiento y la atención hospitalaria. En su opinión, para el Issste había sido un reto enfrentar la pandemia de Covid-19 por la carencia de personal –que en algunos hospitales era de hasta 55 por ciento–, más las ausencias de personal por ser grupos en riesgo. Aun así, insistía, operaban 113 hospitales que habían atendido 65 mil personas contagiadas. El Hospital Tláhuac, ilustraba, estaba concluido, pero no podía empezar a funcionar por falta de trabajadores. En total a las clínicas y hospitales del instituto les faltaban unos 12 mil médicos y enfermeras.
Todo esto derivaba del rezago acumulado durante décadas, aclaraba, donde se dejó de invertir y se dio prioridad a las empresas privadas. De tal suerte que el Issste perdió la rectoría en la prestación de servicios. El plan hacia el futuro contemplaba revertir esta situación en Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Nayarit y la CDMX.
Pese a las carencias, para Ramírez Pineda la situación financiera institucional había mejorado gracias a la autorización de la junta directiva del Issste para utilizar 11 mil 335 millones de pesos de las reservas financieras y la ampliación presupuestal aprobada por la SHCP por 7 mil millones. Todo ello en diciembre 2020. Ello permitiría liquidar todas las deudas institucionales con proveedores. Eso “nos dará oxígeno” para comprar medicamentos y el resto de servicios prestados, como Superissste, que aún no logran remontar las pérdidas acumuladas durante años ( La Jornada, 20/1/21).
Así, la pandemia obligaba al instituto a una profunda reflexión. “¿De qué forma queremos cambiar para mejorar la atención del derechohabiente?”, se preguntaba Ramírez Pineda. Respondía: la población que demanda los servicios del Issste son 13.5 millones de derechohabientes, de los cuales 1.4 millones son jubilados y pensionados. Los trabajadores que los atienden suman 104 mil; 90 mil de ellos sindicalizados y agrupados en 203 sindicatos. Son muchas voces y muchos puntos de vista. Para encontrar soluciones se requiere mucho diálogo, mucha paciencia.
Disponemos, aseguraba, de mil 150 unidades médicas, en su mayoría de primer nivel, y 113 hospitales para atender Covid-19. Se han dedicado entre 60 y 70 por ciento de los recursos a la atención del Covid-19, lo que ha generado una “presión” adicional. Pero se ha contado con el apoyo del Insabi: paga 6 mil trabajadores de nómina, más equipo y medicamentos. Y la SHCP proporcionó 7 mil millones de pesos adicionales. Se han pospuesto cerca de 30 mil cirugías, con la consecuente irritación de la derechohabiencia. También se ha afectado la consulta de primer nivel. Las quimioterapias y hemodiálisis se mantienen, así como 90 por ciento de la atención de los cánceres en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En 2018 debíamos 19 mil millones de pesos a proveedores. Se saldó en 2020. Y nos siguen faltando como 12 mil médicos y enfermeras. A eso debe sumarse los que deben ser regularizados y que se encuentran laborando en esquemas por honorarios. Son como 8 mil más, que les llaman guardias y suplencias. Es necesario terminar de basificarlos; llevan entre cinco y 10 años laborando sin prestaciones. Hoy tenemos 373 mil millones de pesos de presupuesto, de los cuales 108 mil son para gasto corriente. El resto será para pago de pensiones. Son 263 mil 200 millones de pesos para el pago de 1.4 millones de jubilados y pensionados ( El Economista, 24/1/21).
Pero, como muestra de sobra el apartado A del artículo 123 constitucional y el bajo nivel pensionario de los afiliados al IMSS desde que Ernesto Zedillo las privatizó en Afore hace 24 años, además de la evidente insuficiencia estructural del sistema de cuentas individuales de Pensionissste –con carreras laborales de apenas 14 años (2007-21)–, ¡los trabajadores del apartado B deben aún esperar que los deudores del Issste cumplan con su obligación de materializar 55 mil millones de pesos en sus cuentas individuales!
