Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid pide nueve años de prisión para el bailaor Rafael Amargo por un delito contra la salud pública. Lo acusa de vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera “persistente” a cambio de dinero.
El representante del Ministerio Público solicita la misma pena para Juan Eduardo S B, asistente de producción de Amargo, por actuar de forma conjunta, acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias, informaron fuentes fiscales.
El escrito de acusación sostiene que, durante abril y diciembre de 2020, ambos “se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de estupefacientes; entre otras, metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero”. Adquirían la sustancia de manera conjunta a distintos suministradores, para luego repartírsela y venderla.
Así, el bailarín supuestamente vendía las sustancias a quienes acudían a su domicilio de Madrid y también “las hacía llegar a donde el cliente indicaba, para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel BL, otro socio de Amargo, a sabiendas de lo que portaba. Después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta”.
Como ejemplo, la Fiscalía relata que el 27 de abril de 2020, Manuel Ángel para quien pide seis años de prisión, fue sorprendido por la policía cuando se disponía a entregar a un cliente, por 50 euros, una bolsita con metanfetamina con un valor en el mercado ilícito de 24.42 euros.
Asimismo, a raíz de los dispositivos de vigilancia sobre su domicilio, la policía nacional pudo observar “cómo acudían numerosas personas que, tras permanecer en el interior escasos minutos, salían de manera apresurada, procediendo los agentes a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión”.
Debido a un auto dictado el 1º de diciembre de 2020 por un juzgado de Madrid, se autorizó la entrada y registro en los domicilios de los acusados. En el caso del bailaor, los agentes intervinieron tres botes con nitritos de alquilo, una bolsita con feniletilamina con un peso neto de 0.089 gramos y un frasco con 6 mililitros de GBL con un valor en el mercado de 314.19 euros en su venta por gramos.
Causa cerrada
El juez de instrucción número 48 de Madrid concluyó el noviembre la investigación penal contra Amargo, su mujer y dos de sus socios detenidos hace un año al considerar que “hay suficientes indicios” para enjuiciarlos por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal.
Se está a la espera de fijar día de juicio tras recibir los escritos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares.
Rafael Amargo fue detenido el 1º de diciembre de 2020 en el marco de la operación Codax.
Tras declarar ante el juez y en contra de la petición del fiscal de que ingresaran en prisión, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, el retiro del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada 15 días al juzgado. Amargo y los otros detenidos negaron los hechos de los que se les acusa.
Relata la resolución que al domicilio de Rafael y Luciana, “los compradores accedían tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien hacer una llamada telefónica.
Tras breves minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo, agrega el texto judicial.
Apunta también que la distribución de sustancias estupefacientes “se realizaba utilizando mulas”, principalmente a través de Manuel Ángel B L. El juez señala, que “una vez contactado con el comprador, Rafael enviaba a la mula con las sustancias estupefacientes, bien andando o empleando Ubers contratados por el comprador para no dejar rastro”. Entregada la sustancia, la mula regresaba al domicilio para entregar el dinero obtenido.
En esa actividad participaban todos los investigados, cada uno con diferentes cometidos, un reparto de “funciones concertado y coordinado, en el que Amargo desempeñaba el papel de cabecilla del entramado, encargándose de la compra de cantidades de mediana envergadura de sustancias estupefacientes para abastecer al grupo de esta mercancía ilícita destinada a su tráfico”.
En relación con Juan Eduardo S B, el auto aclara que además aportaba, al parecer, los recursos económicos para adquirir sustancias ilícitas en cantidades más importantes.
El auto da cuenta de las cantidades intervenidas en la entrada y registro de los diferentes domicilios investigados, de las llamadas telefónicas entre vendedores y compradores, de las cantidades aprehendidas a los compradores y del contenido de las sustancias, generalmente metanfetamina y ketamina.