Ciudad de México. A dos años de su puesta en marcha, la reforma laboral contiene “recovecos jurídicos” que impiden la pronta resolución de conflictos laborales, frenan la posibilidad de conciliar en menos de 45 días –como prometían las autoridades– y dan margen a las empresas para recurrir “a trampas y marrullerías” y alargar los juicios, provocando el desgaste de los trabajadores.

Abogados laborales también advierten que la creación de tribunales laborales no lleva a la desaparición inmediata de las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), porque tienen la obligación de resolver antes los “cientos de miles de asuntos” que tienen y están pendientes en el modelo anterior.

Alberto Ramírez García, especialista en derecho laboral en la Universidad Obrera de México, señaló que la reforma de 2019 –que ya opera en 21 estados del país– “tiene buenas intenciones”, pero el sistema de conciliación “contiene un rasgo ajeno a la conflictividad laboral”, por lo que anunciar el fin de “los juicios laborales interminables, no es así, ni por excepción”.

Con el nuevo modelo de justicia laboral el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial sustituyen a las JCA, que han cerrado “sus puertas para nuevos asuntos”.

Las juntas, indicó, durarán todavía varios años, porque “se quedan con un rezago de casos” y tendrán que resolver hasta el último y descartó que esto ocurra en los próximos tres años de la presente administración.

Con 27 años de experiencia, el litigante estima que se trata de casi un millón de asuntos pendientes en las JCA. Tan sólo la Junta Federal (JFCyA) tiene un universo de 500 mil casos, entre individuales y colectivos, además están los de las instancias locales, donde sólo la Ciudad de México y el estado de México “son las entidades más fuertes”, unos 200 mil expedientes.

Los ocho estados de la primera etapa de la reforma laboral –iniciada el 18 de noviembre de 2020– concentraban 68 mil 770 expedientes en trámite, de los cuales 73.1 por ciento están en rezago, de acuerdo con datos oficiales.

Lesly Corona Hinojosa, maestra en derecho laboral, refiere en entrevista que “hay asuntos desde 2005 que están activos; revisa los boletines y ves la cantidad de casos con tanta antigüedad.

“Los juicios laborales no son como las matemáticas; esto a veces se torna subjetivo, hasta abstracto. Impusieron un nuevo procedimiento (con los centros federales de conciliación) que, siendo equilibrados, en este momento que empiezan están siendo ágiles, pero cuando llegue la carga fuerte (de casos) será muy preocupante porque en este momento ya hay un rezago”, indicó Ramírez García.

Contrario a lo que la Secretaría del Trabajo afirmó en noviembre pasado al anunciar el arranque de la segunda etapa de la reforma laboral, los abogados coinciden en que aun con el nuevo modelo, el coyotaje y la chicana (marrullerías y trampas) “son muy difíciles de erradicar y van a seguir sucediendo”.

Corona Hinojosa apunta que al enfocar la atención en los centros de conciliación, las JCA están teniendo falta de personal y de recursos, y los mismos funcionarios no saben qué pasará con sus empleos.

“Esto motiva que quieren beneficiarse recibiendo sobornos. Y lo tengo que decir porque así es: el asunto que avanza es al que más dinero le ponen, porque ya no están teniendo presupuesto (las juntas)”, comentó.

Ejemplo de ello es la JFCyA, cuyo presupuesto se ha reducido, de 915.3 millones de pesos, en 2018, a 743.8 millones aprobados en el Presupuesto de Egresos para 2022.

Explica que antes “el coyote no era un estudioso en derecho” y representaba al trabajador sólo por saber “cómo funcionaba la autoridad”. Ahora, el requisito es contar cédula que lo acredite como licenciado y esta actividad “se limita nada más a la captura de clientes para diferentes despachos”.

Este personal, señala, continuará afuera de las JCA y los centros de conciliación, debido a que “la ausencia de la orientación jurídica de las autoridades laborales permite que los coyotes se beneficien” por que los “trabajadores siguen llegando a pedir asesoría y quedan en un limbo, donde no saben a quién dirigirse”.

Ambos litigantes expresaron su descontento con la STPS por utilizar el término coyotaje “como si los abogados son quienes alargan los juicios para que no se le pague el trabajador, quienes queremos que los procesos sean interminables, cuando realmente la tardanza viene de la autoridad”.

Ramírez García añadió que el responsable también es la parte patronal quien “chicanea los juicios, marrullerías” que pueden ir desde robarse un expediente, en el caso más grave, hasta interponer recursos para alargar la resolución de los asuntos laborales.