Mazatlán, Sin., El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que la administración que encabeza realizará un nuevo censo de las casi 4 mil familias que han sido desplazadas por la violencia en Sinaloa, la mayoría provenientes de los municipios de Mazatlán y Concordia –ubicados en el sur de la entidad–, para contar con cifras exactas de expulsados, así como conocer sus necesidades y las condiciones en que viven.

El mandatario emanado del partido Morena indicó que se reunió con colectivos de desplazados y se comprometió a actualizar el padrón de afectados y atender en primer lugar sus problemas de vivienda, a fin de proveer un patrimonio a quienes debieron emigrar de sus lugares de origen y actualmente viven con familiares, al igual que en casas prestadas o rentadas.

Rocha Moya comentó que una opción para los desalojados será entregarles lotes para autoconstrucción de dimensiones similares a los terrenos que habitaban en los poblados de los que salieron. Acotó que otra posibilidad de apoyo será aumentar el número de beneficiarios del programa Sembrando Vida, lo que se propondrá al presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar a las familias a regresar a sus comunidades originarias en cuanto se generen condiciones para ello.

El Ejecutivo sinaloense recordó que la administración que precedió a la suya, encabezada por el priísta Quirino Ordaz Coppel, creó una comisión interinstitucional que elaboró un padrón de desplazados, cuyo número creció en Mazatlán y en otros municipios, entre ellos Concordia, por lo que se requieren nuevos datos que precisen la cantidad de perjudicados para ofrecerles ayuda, pues reclaman viviendas con servicios, que no se les van a regatear porque el gobierno estatal tiene reservas territoriales, aseguró.

Este año, la gestión de Ordaz Coppel entregó a desplazados 112 viviendas, 60 de ellas ubicadas en Ahome y 52 en Mazatlán; además, proporcionó a desalojados 104 terrenos.

Antes, en julio de 2020, el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno. Igualmente, elaboró el Registro Estatal para Personas Desplazadas, lo mismo que un fondo especial y un programa estatal para los afectados, que será renovado cada tres años.

En 2012, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió su recomendación 10, como parte de un informe especial sobre desplazamiento interno en Sinaloa, basado en datos de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Humano estatal, la cual determinó que para ese momento se había desplazado a mil 220 familias de 18 municipios.

Cinco años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 39/2017 a Ordaz Coppel, a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, lo mismo que a los entonces alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, María León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, para que repararan las violaciones a los derechos humanos de 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado interno en esas demarcaciones, pero esos funcionarios no avanzaron en la solución del problema.