A propósito de las recientes elecciones presidenciales en Chile, el escritor argentino Martín Caparrós señaló que en la primera vuelta sólo 47 por ciento de las personas aptas para votar fueron a las urnas y 55 por ciento en la segunda. Añade que en las regionales de Venezuela votó 42 por ciento y en las “confusas”, por decir lo menos, elecciones en Nicaragua, 65 por ciento.

Caparrós dice que “en general, gane quien gane últimamente en América Latina la que suele perder las elecciones es la democracia.” Remite al estudio sobre estos procesos de Latinbarómetro que reportaba un descenso del apoyo a la democracia en la región de 63 por ciento en 2010 a 49 por ciento en 2020.

Los informes del Institute for Democracy and Electoral Assitance (IDEA), apuntan a un declive de la participación electoral en América Latina en cuatro periodos que van de 1985-89 a la década de 2010. Un corolario de estos resultados remite, necesariamente, a la legitimidad de los poderes que surgen de las elecciones. (https://www.idea.int/sites/default/files/ publications/elecciones-en-america-latina.pdf)

El mismo Caparrós considera: “las décadas recientes enseñan que con la democracia se vive en democracia y esa es una condición decisiva, pero no siempre alimenta, ahora las democracias latinoamericanas gobiernan a 60 millones de hambrientos y más de 200 millones de pobres”.

Como se sabe, en las presidenciales de México en 2018 votó 62.3 por ciento del padrón electoral; no fueron éstas las del registro más alto de participación pues en 1994 fue 77 por ciento. El presidente López Obrador aventajó por 30 puntos porcentuales a Anaya y por 37 a Meade. Una victoria contundente, sin duda, misma que se replicó en el Congreso.

Luego de tres años el Presidente sigue teniendo un alto nivel de aprobación, incluso por encima de la proporción de los votos que recibió cuando fue electo, 52.9 por ciento. Según la encuesta de Oraculus reportada el 9 de diciembre pasado, López Obrador tiene 64 por ciento de aprobación. Este registro está por debajo de 81 por ciento en febrero de 2019 y se ha mantenido prácticamente en el nivel actual desde fines del año pasado.

El Presidente tiene, además, el respaldo político del Congreso, aunque en las elecciones de junio pasado perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con una participación de 56.6 por ciento del electorado, y la oposición consiguió dos gubernaturas.

En la práctica el gobierno no enfrenta una oposición a la que llamar efectiva sería un calificativo exagerado y poco veraz. Los partidos que la representan se hallan en un estado de disfuncionalidad grave y están por verse los resultados de la próxima elección de gobernadores en seis estados. Mientras eso ocurre se advierte que el proceso de selección de los candidatos que correrán por Morena ha sido muy controvertido y sigue poniendo en la mira al liderazgo y de modo más notorio a la misma congruencia interna de ese partido.

En este entorno se ha suscitado de manera progresiva una cada vez más álgida disputa entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral. Esta ha ido creciendo prácticamente desde la elección presidencial. El carácter de esta disputa se exhibe y debate extensamente en los medios de comunicación. Hoy la pugna se centra en la consulta de revocación de mandato que propuso el Presidente.

Entre muchos argumentos en torno a dicha cuestión, este diario informó el 20 de diciembre pasado que el INE estima un gasto de 3 mil 830 millones de pesos, además reprodujo un tuit de Lorenzo Córdova, explicando cómo se llega a esa suma.

Tal cantidad puede compararse con el costo del programa Sembrando Vida. Según informó la Secretaría de Bienestar (comunicado 079 del 11/11/2021), en septiembre pasado se pagaron más de 2 mil 218 millones de pesos a los más de 443 mil campesinos que reciben esa ayuda en 20 estados.

En diciembre de 2019 se reformó el artículo 35 de la Constitución y se estableció el derecho a votar en las consultas populares y las condiciones a las que estas se sujetan. La Ley Federal de Revocación de Mandato ( DOF 14/09/2021) dice en su artículo 5: “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.”

En este caso es el propio presidente el que alienta la consulta popular y con respecto a sí mismo, a su gestión política y administrativa, en un entorno en el que cuenta con un apoyo popular mayoritario y cuando falta la mitad de su periodo de gobierno. En esencia este es un proceso enredado.

Para los ciudadanos no tiene una implicación práctica de relevancia, no son ellos los que en principio demandan una revocación. Por eso es que se ha pasado a llamarlo una confirmación del mandato, un asunto de muy distinta naturaleza política.

El compromiso político, en todo caso, lo aceptó y lo fijó el propio Presidente durante su campaña y lo ha expuesto en su gestión durante la primera mitad de su mandato. El compromiso es grande y aún falta mucho camino por recorrer y metas por cumplir. Eso es del verdadero interés ciudadano.