Característica del nuevo régimen ha sido modificar y/o fortalecer las instituciones. Sus iniciativas han sido numerosas. Quizá la más importante es la política de seguridad que se define cada día de acuerdo con las instrucciones del Presidente, quien recibe un informe diario por parte de todas las agencias de seguridad e instruye las acciones pertinentes.

En materia de seguridad pública, las facultades de la Secretaría de Gobernación se trasladaron a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, la inteligencia del Estado se transfirió a esta dependencia. Desde la Presidencia se ha concentrado como nunca la política social del gobierno y para ello se creó la Coordinación Nacional de los Programas Sociales. Los apoyos a los grupos vulnerables se reparten de manera directa, es decir, sin intermediarios. El Presidente supervisa personalmente la operación.

El Poder Legislativo también ha cambiado, se admitió la relección consecutiva de los legisladores. Para los diputados, hasta por cuatro periodos consecutivos y los senadores, por dos. Esto fortalece mucho a los miembros de las cámaras, que podrán hacer una carrera como representantes populares. A partir de 1933 estuvo prohibida la relección de legisladores federales y locales, ahora se abre ese camino utilizado por primera vez en 2021. La posibilidad de la relección permite la rendición de cuentas y obliga a los legisladores a estar cerca de sus representados. Debilita a la élite que gobierna a los partidos. Está pendiente una reforma que permita la reducción del Congreso federal. El número de legisladores es excesivo. Se planea reducir a los senadores a dos por estado, como estaba en la Constitución originalmente, y en cuanto a los diputados hay una propuesta para reducir a los llamados “diputados plurinominales” de 200 actualmente, a 100 o menos.

Probablemente en el Poder Judicial veremos las más importantes reformas. Más allá de la creación del Consejo de la Judicatura y la macrorreforma impulsada por el presidente Zedillo, se llevará a cabo una nueva macrorreforma y microrreforma a fin de eliminar los vicios existentes dentro del Poder Judicial y profesionalizar la carrera judicial, así como de crear un nuevo sistema de precedentes que supera el complicado mecanismo de la creación de jurisprudencia.

Los efectos de estas reformas se verán en los próximos mil días de gobierno.