Tras contar con 25 alertas de violencia de género contra las mujeres en 22 entidades del país, desde 2015 a la fecha, es momento de exigirle a los estados resultados tangibles, señalaron organizaciones.

María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCFN), admitió que, pese a este mecanismo, las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres y la desaparición de personas “son un fracaso”, pues si bien se crean protocolos y unidades especializadas, estos avances no se reflejan en la atención directa a las víctimas.

Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 86 por ciento de las medidas recomendadas en las alertas están en proceso de cumplimiento, en tanto que 5 por ciento no han sido acatadas, lo anterior al evaluar 18 de las 22 entidades con este mecanismo decretado.

De las 25 declaratorias se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos locales, de ellas 208 corresponden al rubro de prevención, 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, y 154 corresponden a medidas de seguridad.

Estrada destacó que para avanzar en los resultados, es necesario contar con un mecanismo de evaluación que permita medir indicadores. “Que ya no nos digan que hicieron un protocolo, lo que queremos ver es cómo eso mejoró en la investigación, y esto no lo han podido demostrar, los mismos estados se resisten a ser evaluados”.

Se debe empezar a sancionar a los estados

Por otra parte, expresó, se requiere que el Congreso apruebe las modificaciones al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “las cuales tienen avances sustanciales en cuanto a la temporalidad para declarar la alerta” e incluye la medida de emitir un “extrañamiento a la autoridad por incumplir las recomendaciones y que se pueda generar alguna acción para empezar a sancionar a los estados”.

Rodolfo Domínguez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, resaltó que las declaratorias de alerta “han sido un mecanismo que como sociedad civil nos ha permitido generar mayor presión a las entidades (para atender las violencias) y visibilizar el problema”.

Además, con las alertas, mencionó, se ha podido evidenciar los diferentes contextos de violencia que existen en los estados, lo que “permite identificar cuáles son las políticas públicas que han resultado fallidas, aquellas que han necesitado corregirse y que han necesitado crearse para poder hacer frente” a este flagelo.