Más allá de los motivos personales de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que el pasado 17 de diciembre aprobaron la postergación de la consulta de revocación de mandato, supuestamente por carecer de “suficiencias presupuestarias” para llevarla a cabo, hay razones institucionales y sociales que permiten entender el desacato constitucional al que se pretendió llevar al INE y la manera insolente en que se manifestó: “No nos pidan que hagamos remedos de elecciones, aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno”, dijo el consejero Ciro Murayama, en tanto que Lorenzo Córdova Vianello, presidente del organismo, acusó de poner en riesgo el ejercicio ciudadano a “quienes tomaron una decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza”.
Los recursos: en 2021, año de elecciones federales, el INE recibió casi 27.8 mil millones de pesos (mmdp) de presupuesto, y para el entrante tiene programados recursos por 19.7 mil millones (https://is.gd/JuwxN7), un claro aumento respecto de 2019 (17.4 mmdp) y 2020 (18.3 mmdp), años en que no hubo comicios federales, como en 2022, en que el único proceso de ámbito nacional que debe realizar el órgano electoral es la consulta de revocación de mandato.
Hablamos de mil 641 millones de pesos mensuales, más o menos, que no sólo se gastan en tareas sustantivas, como el Registro Federal de Electores, la organización electoral y el servicio profesional electoral, el control de los partidos políticos, la capacitación y la administración, sino que también usa el dinero en excesos, frivolidades e incluso posibles desvíos, como los desmesurados salarios de sus directivos y asesores, las motocicletas de lujo Harley Davidson, los contratos irregulares de alquiler de vehículos, sobrepagos injustificados a personal, pago de seguros correspondientes a automóviles que ya fueron dados de baja, gratificaciones generalizadas al personal, ediciones destinadas a la bodega, eventos sin público y así.
Poco ayuda el pueril argumento del consejero Uuc-kib Espadas, quien afirma que ni con la supresión de 100 por ciento de los ingresos de los más altos directivos del INE podría ahorrarse lo suficiente para realizar la consulta. No, no se pretende que mueran de hambre los consejeros electorales, sino de que se aplique a todo el órgano electoral una política de austeridad, decencia y control del gasto.
Dice el consejero José Roberto Ruiz que el INE “requiere de muchos recursos, pues es un organismo con muchísimas atribuciones, ya que no hay otro ente electoral en el mundo que haga tantas tareas”, lo cual es falso: en Finlandia, por ejemplo, las elecciones las organiza el Ministerio de Justicia (https://is.gd/DcjsL0), el cual debe, además, encargarse del manejo de las fiscalías, garantizar los derechos fundamentales, la transparencia, la privacidad de datos, la prevención e investigación de delitos, la lucha por la igualdad, la no discriminación, la administración de quiebras, la protección de los menores, la defensa de consumidores, la revisión de la legislación y otras (https://is.gd/EoYXhi).
De acuerdo con una tabla de la BBC, las anteriores elecciones presidenciales en México costaron 25 dólares por votante, frente a 12.73 en Brasil, 11.67 en Estados Unidos, 1.88 en Francia y 0.44 en Rusia (https://is.gd/NtFsFY).
Manejar un presupuesto de 20 mil millones de pesos da mucho poder, y cualquier recorte realizado puede ser vivido por algunos consejeros electorales como un ataque a su poder. Pero de eso a negarse a acatar obligaciones constitucionales hay mucha distancia. En términos generales, ninguna dependencia del Estado queda satisfecha con el presupuesto que se le asigna cada año, pero eso no es justificación para que los municipios, las secretarías, las gubernaturas, el Legislativo o el Judicial hagan un berrinche como el de los que dominan el INE y se nieguen a cumplir sus tareas legales.
Pero, más allá del dinero, el INE, antes IFE, fue concebido como instrumento del poder oligárquico para asegurar que ningún proyecto de cambios sustantivos pudiera abrirse paso en el país, y es hasta cierto punto lógico y previsible que, ante un gobierno que los está llevando a cabo, opte por tomar partido por la restauración reaccionaria, esa que pretende restablecer el régimen que colmó de privilegios, poder, dinero y elogios equívocos a su organismo electoral. Tal vez eso explique los extremos de desfiguro a los que llegaron Córdova Vianello, Murayama, Jacobo Molina y sus partidarios en el Consejo General del INE, y que ha desembocado en un doble revés monumental: ahora no sólo tienen encima un fallo adverso de la Suprema Corte y demandas judiciales desde varios frentes, sino que han quedado evidenciados como los principales obstáculos para la democratización real del país.
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