Tras más de dos meses de mantenerse en campamento afuera de la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, un grupo de desplazados de Zitlala, Guerrero, se retiraron del sitio luego que la dependencia reconoció a 53 familias como víctimas, lo que les permitirá obtener ayuda humanitaria. No obstante, otro grupo de desplazados seguirá en el lugar en busca de ser atendidos.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, Guerrero, organización que los ha acompañado en sus demandas, expuso que aún faltan 60 familias las cuales deben reconocidas como víctimas, pero decidieron dejar el campamento como un voto de confianza de que estos casos también serán reconocidos a la brevedad.
Los desplazados, explicó, se vieron obligados a dejar sus casas desde 2018 por presiones de grupos del crimen organizado que se apropiaron de la zona por su vocación agrícola y minera.
Mientras unas 80 familias fueron apoyadas por la anterior administración estatal, otras 113 quedaron sin ayuda, y desde septiembre pasado arribaron a la capital del país para exigir se les reconozca como víctimas. Con el acuerdo, las personas desplazadas no se van satisfechas.“Nos sentimos olvidados, no hay garantías de que las medidas lleguen”, señaló la activista.
Una de las opciones que les ofrecieron las autoridades es un programa piloto de la Organización de Naciones Unidas, por medio del cual el organismo internacional paga a los desplazados un mes de renta en una vivienda y los colocará en algún trabajo, “pero a nosotros eso nos suena como una forma de que el gobierno se deslinde de su obligación de ofrecer una solución permanente”.
Piden solución definitiva para nuevo asentamiento
Rosales aclaró que, a la par, una treintena de personas del municipio de Juan R. Escudero permanecerá hasta que sean reconocidas, ya que se trata de grupos distintos, pero de la misma entidad.
En Guerrero hay miles de desplazados más, por lo que consideró que la situación “está rebasada”. Llamó a las distintas autoridades a analizar todas las opciones necesarias para lograr la paz, incluso, si es necesario, “acuerdos” con los grupos delincuenciales.
Por la mañana, integrantes de las 53 familias que más tarde dejaron el campamento participaron en una misa encabezada por Arturo Carrasco, sacerdote de la parroquia de la Sagrada Familia, en la que oraron por las personas que perdieron la vida tras dejar sus hogares.
