El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución creada por decreto del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, ha jugado un papel estratégico en la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible de la nación mexicana pluriétnica y pluricultural.
Su presencia en todo el territorio nacional y la composición heterogénea y complementaria de sus trabajadores, dedicados a las diversas especialidades de la antropología, arqueología, historia, etnología, lingüística, etnohistoria, entre otras, así como sus escuelas, formadoras de generaciones de connotados profesionistas, nacionales y extranjeros, su extraordinaria y reconocida labor museográfica, y la producción de libros, revistas y material didáctico, a partir de investigaciones en el terreno a lo largo de sus ocho décadas de existencia, sitúan a este organismo como un bastión de conocimiento acumulado, un enorme acervo de experiencia en la tarea de estudio, protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, en el más amplio y multifacético significado de este concepto.
De ahí que resulte un organismo incómodo para quienes, desde los gobiernos en turno y las corporaciones capitalistas, han pretendido apropiarse de ese patrimonio para ser convertido en una mercancía más para el mercado que invade territorios en procesos de recolonización, a través de los cuales las culturas se petrifican, se cosifican sus creadores, se folclorizan los pueblos para beneficio de las trasnacionales de un turismo depredador, etnocida y ecocida.
Además de un recorte de 75 por ciento de su presupuesto, que ha puesto en riesgo el cumplimiento cabal de labores sustantivas de su histórico quehacer, mientras, por otro lado, aumentan sin cesar los recursos económicos y prebendas a las fuerzas armadas, el gobierno pretende modificar las condiciones generales de trabajo (CGT) del personal del INAH.
En comunicado conjunto, desplegados y boletines de prensa, al inicio de esta semana, los sindicatos de los trabajadores académicos, profesionistas, técnicos, administrativos y manuales dieron a conocer que, con el pretexto de la regulación administrativa del instituto ante las secretarías de Cultura y Hacienda y Crédito Público, se pretende alterar de forma y fondo las relaciones laborales, la normativa existente y las prestaciones socioeconómicas que a lo largo de décadas han conquistado sus trabajadores.
Cabe señalar que durante los años que el INAH formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las relaciones laborales se regularon con base en las condiciones generales de trabajo de esa secretaría y, a partir de 1982, con CGT propias del INAH, que regularon el trabajo académico, técnico y manual. Esto es, son 40 años de relaciones laborales institucionales especificas, que en 1985 fueron elevadas al rango de ley orgánica. Con la creación de la Secretaría de Cultura federal, y el paso del INAH a la misma, éstas quedaron garantizadas en los artículos transitorios tercero y cuarto de su decreto de creación.
Los seis organismos sindicales del INAH asumieron un acuerdo político y un eje de lucha para la defensa de los derechos conquistados y adquiridos a lo largo de décadas, comprometiéndose a defenderlos “hasta sus últimas consecuencias, políticas y legales, conforme en lo establecido en el artículo noveno de la Ley Orgánica del INAH; a lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto de creación de la Secretaría de Cultura y de acuerdo con los ordenamientos jurídicos aplicables.”
Las organizaciones sindicales del INAH señalan, asimismo, que las propuestas de la Secretaría de Hacienda constituyen un retroceso laboral, pues el modelo de los trabajadores del instituto ha sido homologado con el de educación superior desde 1981; además, los términos de las propuestas son poco trasparentes debido a que promueven un escalafón sin definiciones precisas (ciego) y un ingreso discrecional. Exigen de las autoridades competentes la aplicación de responsabilidades a los funcionarios públicos omisos de las respectivas direcciones del INAH, en el registro de los acuerdos alcanzados en materia de prestaciones socioeconómicas que se revisan bianualmente y que, ahora, se intentan desconocer unilateralmente.
¿Qué está detrás de estas políticas que vulneran las bases de una de las principales instituciones surgidas del cardenismo que ha contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional? ¿Será porque un sector relevante de sus trabajadores académicos, con base en la investigación en los territorios, ha advertido, reiteradamente, sobre las graves consecuencias para el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, y la vida toda de las comunidades, que causarán megaproyectos como el Tren Maya, el corredor Transístmico de Tehuantepec, o el Proyecto Integral Morelos? ¿Y porque este sector mantiene su compromiso con los pueblos amenazados por este supuesto “desarrollo” y “progreso”?
