Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de anular el acuerdo de suspensión de actividades para organizar la revocación de mandato que adoptó el Instituto Nacional Electoral (INE), este organismo acatará en sus términos la disposición. “No obstante, el instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana”.
“Debemos esperar que se resuelva el fondo del asunto”
Al fijar su postura con respecto a la decisión de la SCJN, el instituto destacó que “la determinación tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto. La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de revocación de mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales”.
Tras insistir en que sólo cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar el ejercicio, el INE informó que “para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la secretaría ejecutiva coordina a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto”, informó el INE.
Entre tanto, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey sostuvieron –entrevistados por separado– que la reanudación de actividades deberá realizarse bajo un escenario de ajustar aún más el gasto analizando las opciones legales posibles: reducir a una etapa la capacitación, evaluar colocar menos mesas de recepción de voto, entre otras opciones. Ambos votaron en contra del acuerdo ahora cancelado por los ministros.
Por lo pronto, destacó Faz, con la decisión, a partir del 3 de enero deberán instalarse los 32 consejos locales y 15 días después los 300 distritales, así como iniciar la contratación de capacitadores y supervisores electorales. Consideró viable que el INE cancele la primera etapa y elimine la visita a 12 millones de domicilios y, en su lugar, sólo contactar a los poco más de 3 millones de ciudadanos que en junio acreditaron ser aptos para fungir como funcionarios de casilla, eso reduciría a 25 por ciento los recorridos.
Para Humphrey, si bien ninguna de las dos resoluciones emitidas hasta ahora son de fondo, no hay alternativa, por lo que habrá que trabajar en esos términos y aguardar la decisión de fondo. Es posible la compactación de mesas receptoras que reduzcan costos; evaluar opciones de sufragio por Internet; analizar la capacitación en línea de funcionarios de las mesas, entre otras medidas para ajustar el presupuesto para este ejercicio que no puede ser equiparable al de un proceso electoral.
En el posicionamiento oficial del INE se considera que resolver de fondo la controversia es fundamental para atender el ordenamiento de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales(...) determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley.
Faz comentó la necesidad de que en los primeros días de enero el INE sesione para aprobar los nuevos términos de la organización, hasta en tanto no resuelva la SCJN porque los recursos son evidentemente insuficientes.
