En México la incidencia de la tortura representa, junto con la impunidad, una de las principales deudas del Estado con las víctimas y la sociedad, sostuvo el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado. El caso de Damián Gallardo, que ameritó una sentencia del Comité Contra la Tortura (CCT) de la ONU tras comprobarse los tormentos que fue víctima, muestra “el lado más cruento de la actuación de las autoridades encargadas de la justicia en México”.
Durante una conferencia sobre las repercusiones que tendrá la sentencia del CCT, el diplomático refirió que de acuerdo con datos del Observatorio contra la Tortura, aun cuando hay un gran número de investigaciones en el país sobre presuntos casos de este delito, los casos que son llevados a juicio son muy pocos y las sentencias condenatorias son una excepción.
Con la resolución a su favor por haberse comprobado su aprehensión arbitraria, su reclusión por más de cinco años y la tortura a la que fue sometido como parte de una criminalización de la protesta social en México según el CCT, Gallardo sostuvo que la repercusión de la sentencia “es de una trascendencia histórica, de gran impacto a nivel nacional y estatal pero también pone en la mesa la justicia y reparación pendiente. El Estado mexicano está obligado a cumplir en caso de todas las víctimas de tortura en la nación.
“Se criminaliza a los defensores en México, dado que como se ha demostrado este modelo está enmarcado en un patrón de tortura; es importante la resolución porque dignifica a la familia, que es otra víctima más que tienen que llevar a cuestas estas lucha. Esta resolución es música fresca para nuestros corazones. Yo fui difamado detenido arbitrariamente cinco años siete meses de prisión injusta, fui torturado. Mantenemos aún una lucha jurídica con el Estado para castigar a los culpables de esta represión”, informó Gallardo.
En su oportunidad, Felícitas Martínez, madre de Damián, sostuvo que la resolución reivindica “a mi hijo y su familia. No somos secuestradores. Como ser humano, esta noticia, como madre, confirma que mi hijo es inocente. Siempre ha trabajado, no’mas porque le dicen es luchador social, por eso lo tiene que acusar”. Por ello pidió que se difunda la noticia como cuando lo detuvieron acusándolo injustamente de secuestrador.
Fernández Maldonado aseveró que en México hay una urgente necesidad de que el Estado redoble los esfuerzos para poner fin a esta práctica mediante una política de persecución penal efectiva, en especial cuando existen elementos para avanzar en la investigación de casos que han sido ampliamente denunciados. “Es esencial que las fiscalías realicen análisis de contexto sobre un gran número de casos, así como tengan una estrategia de priorización en la investigación , es preciso garantizar la independencia en la investigación”.
