El proceso para legitimar los contratos colectivos de trabajo (CCT) en México tiene al menos tres grandes debilidades: el control que ejerce el sindicato titular del documento sobre la organización y celebración de la consulta, la falta de monitoreo por parte de las instituciones estatales de las acciones de los empresarios y sindicatos antes de las votaciones y la falta de transparencia sobre los resultados, advierte un estudio de la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM).
Estas situaciones impiden que los trabajadores mexicanos sean beneficiados por este mecanismo incluido en la reforma laboral de 2019 y obligación adquirida dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para garantizar la democracia sindical y eliminar los contratos de protección patronal impuestos por los dirigentes oficiales durante décadas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que en México hay registrados 530 mil CCT, de los cuales 85 por ciento (450 mil) son de protección patronal, es decir, firmados a espaldas de los trabajadores.
De acuerdo con el análisis de la RSM, organización de derechos laborales y de las mujeres con sede en Canadá, una falla fundamental del proceso de legitimación “es que la organización y celebración de la consulta, el cómputo de los votos y el informe sobre los resultados está completamente bajo el control del sindicato que ostenta la titularidad del CCT”.
Además, existe falta de acceso público a la información sobre los resultados de las votaciones y las conclusiones de las investigaciones sobre las denuncias de irregularidades presentadas por los trabajadores.
El documento de la RSM señala que “ni la STPS ni el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral han publicado los resultados de las votaciones de legitimación dentro del plazo de 20 días que marca la ley, haciendo que resulte más difícil para los trabajadores u observadores examinar el proceso de votación para evaluar los resultados en los centros de trabajo”.
El informe –que evalúa los dos primeros años de los procesos de legitimación, hasta el 30 de abril de 2021, e incluye la revisión de mil 300 votaciones– identificó que hay un número reducido de inspectores gubernamentales, y ello “implica que a menudo no están disponibles para supervisar” la consulta. “Esto introduce un posible conflicto de intereses, ya que es el sindicato titular el que elige y contrata al notario”, apunta.
La RSM destaca el lento avance en la legitimación de los CCT (menos de 2 mil 500), a pesar de que la STPS “está intentando alentar” que los sindicatos cumplan con este proceso antes de mayo de 2023. Este rezago confirma que la mayoría de los documentos son firmados entre patrones y dirigentes sindicales sin ninguna relación con los trabajadores.
“De hecho, la STPS estima que, debido al gran número de CCT ‘simulados’, sólo entre 10 y 15 por ciento (es decir, entre 53 mil y 79 mil 500) de los convenios actualmente registrados se someterán al proceso de legitimación”, señala el informe.
