Ciudad de México. El gobierno federal resaltó que en México existe una crisis forense y explicó que, según estimaciones de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, existen 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y en los servicios forenses.

Al presentar un informe en materia de derechos humanos, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que la crisis es de tal magnitud, que el censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubicó 9 mil 400 personas en cámaras frigoríficas y en las planchas de los servicios forenses.

“Y en un país donde hay una cifra superior a 95 mil desaparecidos o no encontrados, necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación”, indicó.

De ahí, abundó, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica medidas para replantear los servicios forenses y refirió que se discute con el Congreso, y se hará también con los familiares, reformas a la Ley General de Víctimas”.

También anunció la creación de un centro nacional e identificación humana, para atender el rezago para registros de reconocimiento masivo, además de que ya se han hecho las primeras identificaciones en fosas comunes de Torreón y Saltillo, Coahuila, donde más de mil cuerpos están siendo procesados en el centro de identificación humana regional.

Informó que, en un esfuerzo especial con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, se acordó contar con un área especializada para el análisis de muestras complejas y garantizar, con estándares internacionales más altos, la identificación de personas, sin necesidad de recurrir a instituciones del extranjero.

“Ya hay un convenio con la Universidad de Innsbruck, donde personal del instituto está en proceso de capacitación y se homologan los protocolos porque ya contamos con los mismos equipos de análisis genético, de punta, los más avanzados al momento”, abundó.

Encinas manifestó en su informe que la política del actual gobierno es fortalecer las capacidades institucionales que permitan garantizar la protección y ejercicio de los derechos humanos.

“La crisis de derechos humanos se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado, dejando en manos de los propios familiares de las víctimas la búsqueda de justicia, porque el Estado renunció a su obligación y responsabilidad”, cuestionó.

El funcionario precisó que se requieren modificaciones, en materia de búsqueda para que los estados asuman su responsabilidad pues en promedio cada gobierno -excepto Coahuila- contribuye con apenas 10 por ciento, respecto de los recursos invertidos por el gobierno federal.

Asimismo, en materia de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, reconoció que prevalece más de 90 por ciento de impunidad en estos casos “y, en un dato que es muy delicado, 45 por ciento de las agresiones provienen fundamentalmente de autoridades municipales, por ignorancia, corrupción o colusión con la delincuencia en sus respectivos territorios”.

En este punto, dijo que deberá hacerse una revisión a fondo para fortalecer la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, “así como revisar la Ley General de Víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad en el uso de recursos para atender de inmediato los requerimientos de las víctimas y esperamos avanzar pronto en el centro nacional de identificación humana”.

Se requiere, expuso, tomar medidas que permitan atender estos conflictos de carácter estructural que se fueron incubando durante muchos años.

“Es difícil revertirlos, pero estamos seguros de que con esta política, el acompañamiento de los estados, las fiscalías y los gobiernos pueda resolverse”.