Ciudad de México. La mesa directiva de la Cámara de Diputados afirmó que en el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) sí se incluyen fondos para organizar la revocación de mandato presidencial, y que al impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el Consejo General pretende invadir las atribuciones exclusivas del Legislativo en la materia.

También, en la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el acuerdo aprobado el viernes por el INE, sostuvo que los consejeros electorales carecen de facultades para posponer dicho proceso.

El documento presentado el martes resalta que con esa decisión los consejeros “desconocen la obligación constitucional a su cargo de organizar, desarrollar, realizar el cómputo de la votación y emitir los resultados”.

Se aprobaron 19 mil 736 mdp

Respecto de los recursos destinados al INE, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), explicó que la cámara autorizó 19 mil 736 millones de pesos “contemplando la realización del proceso de revocación de mandato”.

El acuerdo del INE, en ese sentido, pretende sustentarse en una supuesta insuficiencia presupuestal, no obstante, tal y como se ha advertido, el Presupuesto fijó un gasto para el órgano electoral, a partir del anteproyecto que aprobó el Consejo General el 27 de agosto de este año.

Precisó que en dicho anteproyecto, el INE consideró un monto total de 18 mil 827 millones de pesos, y que en el desglose por rubro incluyó mil 913 millones, “considerando atender precautoriamente la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular y la revocación de mandato”.

Incluso, consideró que el monto aprobado por los legisladores, de 19 mil 736 millones “excede la cantidad establecida por el propio INE en el citado anteproyecto de presupuesto”.

En otro punto, expuso que la denominada “cláusula habilitante” que otorgó la Cámara al INE para que emita lineamientos y acuerdos para regular las actividades relacionadas con dicha consulta, se refiere “estrictamente a todo aquello que resulte necesario para llevarla a cabo, desarrollar el proceso, mas nunca su posposición o suspensión temporal”.