Xalapa, Ver., A ocho meses de que el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al Código Penal del estado para incrementar las penas en torno al delito de ultrajes a la autoridad, la enmienda prendió las alarmas de defensores de derechos humanos y terminó por confrontar a la clase política en el poder.

En marzo, a iniciativa del gobernador morenista Cuitláhuac García, la legislatura hizo adecuaciones al contenido de los artículos 331 y 371 Quinquies del delito de ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública; incrementó su penalidad y dejó a discrecionalidad de la superioridad la configuración del delito. La reforma se hizo en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.

Respecto de los ultrajes a la autoridad, quedó estipulado que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 unidades de medida y actualización para quien amenace o agreda a un servidor público al ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Según los ajustes, al responsable de este delito se aplicaría, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se cometa por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.

Tras su aprobación, unas 20 organizaciones, académicos y activistas demandaron que el delito fuera derogado del Código Penal, “por contravenir estándares nacionales e internacionales, impactando negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el ejercicio de la libertad de expresión”.

Horas después de su promulgación, cayó el primer preso por ese ilícito. El perredista Rogelio Franco, en ese momento candidato plurinominal a diputado federal, fue acusado del delito de abuso de autoridad, cuando se resistió a ser detenido por policías ministeriales pese a contar con un amparo.

Como no podía procesarlo por una denuncia de violencia de género, la fiscalía estatal acusó a Franco de abuso de autoridad, por lo que perdió su curul en la Cámara y a la fecha continúa preso.

Un mes después fue arrestado el precandidato a la alcaldía de Minatitlán por la coalición PAN, PRI y PRD, Nicolás Ruiz, al que siguieron otros abanderados de oposición.

El caso que terminó por enfrentar a las élites de Morena fue la detención de seis jóvenes en una plaza comercial de esta capital. El senador Ricardo Monreal conoció del hecho y desde hace un par de meses pugnó por su liberación y la derogación del delito.

Monreal cruzó declaraciones con Cuitláhuac García, quien insiste en que la reforma al Código Penal se hizo para proteger a las fuerzas del orden y encarcelar a delincuentes que burlaban la ley. Pero el senador insistía que en Veracruz se integraron carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, es decir, a partir de presuntas agresiones a la policía, y los ciudadanos son encarcelados.

El legislador entregó un documento a la presidenta del Congreso, Cecilia Guevara, en el cual puntualiza que la reforma al Código Penal viola derechos humanos y pidió que se iniciara el proceso para derogar el delito.