El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó con 12 votos a favor y tres abstenciones una resolución presentada por México para combatir el tráfico ilícito de armas. El embajador mexicano ante el organismo internacional, Juan Ramón de la Fuente, informó al canciller Marcelo Ebrard sobre el contenido y alcances de la moción: se estipula que las armas pequeñas y ligeras “plantean amenazas para la seguridad y la paz internacionales”; condena los flujos de armas que llegan a manos de “agentes no estatales”, incluidos los delincuentes; reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire; resalta la necesidad de un mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas; señala que se debe prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en transferencia y desvíos ilícitos, así como el seguimiento a flujos de capital derivados de este tráfico ilegal, y establece que las empresas privadas deben cooperar con las autoridades.
El último punto remarca la importancia de la demanda presentada por el gobierno mexicano en agosto pasado contra fabricantes de armamento estadunidenses cuyas prácticas negligentes o hasta intencionales facilitan la adquisición de arsenales por parte de los grupos del crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionó información a La Jornada acerca de las dimensiones y la gravedad de este fenómeno: los 11 armeros estadunidenses demandados por el gobierno de México producen más de 68 por ciento del medio millón de armas que anualmente ingresan de manera ilegal al país; es decir, que son responsables de 340 mil instrumentos letales que cada año cruzan la frontera sin autorización. De manera significativa, existe una coincidencia –que bien podría ser correlación– entre el aumento de los índices delictivos en México y el fin de los controles a la venta de armas en Estados Unidos a partir de 2004.
Más allá de la estrategia jurídica seguida por México para hacer que esas empresas asuman su responsabilidad en la crisis de seguridad que enfrenta la región, la resolución aprobada ayer marca un hito tanto en los esfuerzos globales contra el tráfico de armas como en el papel positivo de nuestro país en el concierto internacional. En este sentido, debe remarcarse que la propuesta mexicana no sólo obtuvo una amplia mayoría dentro del Consejo, sino que además contó con el copatrocinio de 70 estados y ahora constituye una obligación vinculante para los miembros de Naciones Unidas.
Cabe congratularse por este triunfo de la causa del desarme mundial y hacer votos para que se adopten los mecanismos necesarios a fin de darle vigencia. En particular, es deseable que el conjunto de la institucionalidad estadunidense le brinde su máximo respaldo: el involucramiento de la superpotencia es clave en tanto se trata del mayor vendedor de armamento del mundo y del proveedor principal para los grupos criminales cuya desarticulación se presenta como prioridad absoluta de sus autoridades; por añadidura, la sociedad de ese país sería enormemente beneficiada si se termina la completa falta de controles en la venta de armas a civiles.
