Los 11 armeros estadunidenses demandados por el gobierno de México producen más de 68 por ciento del medio millón de armas que anualmente ingresan de manera ilegal al país, enfatizó la cancillería mexicana.

Este porcentaje equivale a una venta anual de 340 mil armas que viajan desde sus plantas en Estados Unidos hasta las regiones con presencia del crimen organizado, lo que tiene impactos negativos para el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio información a este diario sobre el litigo, después de que su titular, Marcelo Ebrard, fue interrogado sobre el tema durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseveró que esta demanda “la vamos a ganar”, acusó las prácticas “negligentes” de las empresas y refirió que varios países respaldan a México en este asunto.

El propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reconoció la semana pasada que las armas vienen de su país. Esto en el marco de la puesta en operación del Entendimiento Bicentenario, la nueva estrategia bilateral en materia de seguridad, que entre otros objetivos busca frenar el contrabando de armamento.

El 4 de agosto, el gobierno mexicano interpuso la querella civil ante una corte de Massachusetts contra los 11 armeros. La solicitud es que la justicia de Estados Unidos les finque responsabilidades “por sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas que activamente facilitan el tráfico ilícito de sus armas a México”.

La cancillería apuntó que el incremento de la violencia en el país coincide con el aumento de la producción, distribución y publicidad de las armas de tipo militar en el vecino del norte. Agrega que de 1999 a 2004, cuando hubo un control en la venta en suelo estadunidense, los homicidios en México estaban en declive.

Resaltó que en México existen leyes nacionales que “hacen virtualmente imposible que los criminales obtengan legalmente armas”, pues la única tienda para su venta es administrada por el Ejército y se otorgan menos de 50 permisos por año.

Las empresas demandadas “pasan por alto estas estrictas leyes y suministran persistentemente un torrente de armas a los cárteles de la droga”, remarcó la SRE.

Para ello, “se valen de distribuidores sin escrúpulos y corruptos y de prácticas de venta peligrosas e ilegales con los que cuentan los cárteles de la droga para obtener sus armas. En lugar de producir y vender sus productos de una forma que prevenga su comercio ilegal, las compañías eligen continuar suministrando al mercado ilegal de armas en México porque sacan ganancia de ello”.

A propósito de esto, el consultor jurídico de la SRE y cerebro del litigio, Alejandro Celorio, publicó en Twitter que las prácticas “negligentes e ilegales” de las empresas se dan en tres vertientes: 1) la distribución para facilitar tráfico ilícito, a partir de ventas a prestanombres o personas con antecedentes penales, transacciones múltiples o repetidas en corto tiempo y fuera de inventario; 2) con publicidad, venta y diseño de armas tipo militar “dirigidas al público en general, pero con énfasis en las características militares a fin de atraer a grupos delincuenciales o interesados en daños masivos, diseño que facilita la modificación para convertirlas en armas automáticas”, y 3) con un sobreabastecimiento de arsenal a distribuidores y vendedores ubicados en estados fronterizos con pocos controles sobre el mismo.