El viernes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por estrecha mayoría (6-5) “posponer de forma temporal el desarrollo del proceso de revocación de mandato a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las rúbricas y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo”.

Los consejeros que votaron a favor de postergar la consulta ciudadana, encabezados por el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, argumentaron que con el presupuesto asignado por el Congreso para el año próximo es inviable realizar el ejercicio como lo pide la ley.

Esta votación se produjo apenas tres días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional presentada por el INE para suspender los efectos de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El martes 14, el ministro Fernando Franco declaró improcedente la pretensión del órgano electoral de negarse a hacer ajustes a su presupuesto, y estableció que si el instituto incumple con su deber de llevar a cabo la consulta los consejeros podrían hacerse acreedores a sanciones “administrativas, penales o de diversa índole”.

Esta cadena de acontecimientos ilustra que una mayoría de los consejeros del INE se encuentra empeñada en dar la espalda a sus obligaciones constitucionales y se posiciona en abierta insubordinación no hacia el gobierno, sino ante el marco legal e institucional.

Al tomar este camino, dichos funcionarios avivan la polarización, partidizan de manera inocultable a un órgano que debe operar como árbitro imparcial y se configuran con cada vez menos disimulo como un instrumento de la oposición al gobierno federal.

Ante este escenario en que los encargados de organizar los procesos comiciales orientan sus energías institucionales y personales en el esfuerzo por descarrilarlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo eco ayer de la propuesta de que la propia sociedad organice la consulta.

El mandatario consideró que “corresponde al INE hacerlo”, pero que, si se niega, los ciudadanos podrían llevarla adelante, pues a final de cuentas “la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos”.

Más allá de las consecuencias legales que pudieran derivar de sus actos, es evidente que la actitud de los consejeros Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña pone al instituto en una ruta de empequeñecimiento e irrelevancia.

Si los ciudadanos se ven orillados a tomar en sus manos la consulta, y ésta tiene lugar de manera exitosa, el INE quedará evidenciado como un organismo no democrático sino meramente burocrático, cuya principal ocupación es gastar con ostensible frivolidad el enorme presupuesto que se le entrega cada año.

Como único saldo positivo de esta lamentable sucesión de despropósitos, la actitud de desacato a la ley el chantaje presupuestal de los funcionarios electorales daría paso a una recuperación de la democracia por parte del pueblo y sacudiría las anquilosadas estructuras burocráticas que insisten en desvirtuar el sentido más esencial de esta forma de gobierno: la realización de la voluntad popular.