Los Reyes, Mich. En lo alto de la sierra del municipio de Los Reyes se ubican las comunidades indígenas con mayor grado de pobreza y marginación entre las cuatro regiones purépechas que hay en Michoacán: Santa Rosa, San Antonio, San Isidro, San Marcos, San Benito y San Luis. La gente las conoce como Los Santos. Ahí viven unos 18 mil habitantes que carecen de agua potable, empleo, pavimentación, drenaje y atención médica.

“Estamos igual de jodidos que hace décadas. No tenemos bosque, la poca tierra de cultivo es pobre, de temporal. Además, hace unos meses cayeron heladas que acabaron con el maíz; sólo quedó un poco de rastrojo para los animales”, comentó Gilberto Diego, habitante de Santa Rosa, comunidad con las mayores carencias que no pasa de 700 habitantes.

El mayor problema para estos seis pueblos originarios es la falta de agua potable desde hace al menos 40 años, debido a que sus bosques fueron talados, lo que provocó escasa filtración y el agotamiento de sus manantiales.

La gente recuerda que hace 26 años, en la administración del gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002), hicieron varios intentos por encontrar agua potable; finalmente, los responsables de la obra dijeron que habían tenido éxito, pero el día de la inauguración llevaron varias pipas de agua que vaciaron en el pozo para tomar fotos.

Hace casi un año, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas perforó un pozo a un costado de San Antonio, pero sus habitantes se niegan a compartir el agua.

“Cuando se acaba la que captamos en aljibes y tinacos, la misma gente de San Antonio nos vende agua que acarrea con botes y tambos”, indicó Juan Márquez Lázaro, encargado del orden de Santa Rosa.

Como no hay trabajo, buena parte de los comuneros de Los Santos trabajan de jornaleros en la zona agrícola de Los Reyes y Tangancícuaro, donde recolectan fresa, arándano, zarzamora y frambuesa, que se exportan principalmente a Estados Unidos. Ganan 200 pesos diarios y de ahí pagan transporte, pues recorren más de 25 kilómetros, y su alimentación.

“La mayoría de las familias vive con muy pocos recursos. Hay hijos que viven con sus esposas y sus padres en la misma casa porque no tenemos tierra para dónde crecer”, refirió el encargado del orden de Santa Rosa.

A un costado del pozo de agua de San Antonio, varios tractocamiones transportan madera cortada. Las autoridades comunales no se quieren meter en problemas; sólo se miran entre sí y comentan: “Son de particulares”. En otro tiempo denunciaban que la tala clandestina ha arrasado con la mayor parte de sus bosques.

Piden armamento

Los encargados del orden de San Benito y San Luis, José Agustín Ruiz y Abelardo Agustín Pedro, respectivamente, demandaron que el gobierno de Michoacán reconozca cuanto antes las rondas comunitarias y las apoye con armamento para impedir que el crimen organizado y otros particulares continúen talando sus bosques. “Hay familias enteras que durante décadas han vivido de esta actividad ilícita”, afirmó José Agustín.

Las tradicionales trojes (casas de madera con techos de dos aguas) poco a poco han sido sustituidas por viviendas de otros materiales. Hay algunas de concreto en las seis comunidades de Los Santos, donde 90 por ciento habla purépecha y la mayoría de las personas mayores de 50 años no saben leer ni escribir.

En temporada decembrina, decenas de jóvenes que laboran en Estados Unidos regresan a sus pueblos, principalmente a San Isidro, San Luis y San Benito, donde organizan fiestas tradicionales con bandas de música. “Van al otro lado bajo contrato y por temporadas”, comentó Juan Márquez, de la comunidad de Santa Rosa.

El dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Guzmán, aseveró que los pueblos indígenas de Michoacán han vivido una pobreza histórica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 77.6 por ciento de los 150 mil nativos que sólo hablan su lengua son de escasos recursos económicos.

“También son miles los que laboran en huertas de aguacate y moras en tierras que fueron de sus padres y abuelos, o han emigrado a otros lugares del país y a Estados Unidos”.

José Agustín Ruiz, integrante del consejo comunal de San Benito, mencionó que han insistido ante los gobiernos municipales para que los apoyen con obras; por ejemplo, la anterior administración de Los Reyes, que encabezó el panista César Enrique Palafox (ahora diputado local) nunca los atendió: En tres años, añadió, solo entregó una pequeña obra.

“El nuevo alcalde, José Antonio Salas, también panista, se niega a recibirnos; siempre está ocupado o no se encuentra en su oficina, y no vamos a Morelia o a la capital del país porque no hay recursos para movernos”, subrayó Ruiz.

Un zoológico recibirá más fondos que pueblos indígenas

El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a apoyar que las 17 comunidades a las cuales se ha reconocido su autogobierno obtengan presupuesto directo y se les permitirá organizar sus cuerpos de seguridad conocidos como rondas comunitarias. Además, se les dotará de armas, capacitación y, en su caso, seguridad estatal.

El dirigente del CSIM manifestó que es urgente que los gobiernos federal y estatal inviertan más presupuesto en infraestructura en las comunidades indígenas.

“Por ejemplo, para el año que viene el gobierno del estado está planteando invertir 24 millones de pesos a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero eso no alcanza para nada, porque la mayoría de ese dinero va a burocracia y rentas. Resulta que el proyecto de presupuesto para 2022 prevé más recursos para el zoológico que para los pueblos originarios”, destacó.

También hace falta, agregó, que el gobierno federal voltee a ver a nuestras comunidades, “porque hemos visto que destinó una bolsa de mil millones para infraestructura en comunidades yaquis, triquis y mayas”.