En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo se convirtió en la primera mujer en ocupar una posición en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De entonces a la fecha, la brecha de la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación (PJF) todavía no se cierra, a pesar de que en días pasados se eligió a una nueva ministra en la persona de Loretta Ortiz Ahlf. La presencia de cuatro mujeres en el máximo tribunal constitucional mejora la correlación de género y es indicativo de confianza entre la opinión pública. A la par, este camino inacabado por la paridad laboral también es la senda de las conquistas políticas y sociales desde que se instituyó el voto femenino en 1955.
No obstante, se sigue perpetuando disparidad y lo que se ha visto recientemente en la SCJN debe reproducirse proporcionalmente en los demás cargos, desde consejeras, magistradas, juezas, secretarias y actuarias de tribunal y juzgado, así como oficiales judiciales y personal administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La regla básica que justifica la paridad subyace en las libertades y derechos humanos que nuestra Constitución Política otorga, y no es una idea menor, porque las instituciones del Estado deben apresurar la inclusión efectiva de la mujer en el servicio público para lograr que otras esferas sociales escuchen ese eco de integración y respeto por nuestro trabajo.
La impartición de justicia federal con perspectiva de género es inconsecuente sin el actuar de las juzgadoras, por citar algún ejemplo, en materia penal y laboral. En la primera, reiterada y nocivamente se advierte que los delitos quedan impunes y/o no son denunciados por las víctimas derivado de las amenazas y los riesgos que corren en sus diferentes áreas de interacción familiar y social. Mientras en el ámbito laboral, algunas mujeres sufren discriminación y/o acoso en su afán de satisfacer sus legítimas aspiraciones profesionales.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia (CNIJF) 2021, realizado por el Inegi, en 2020 había 50 mil 999 servidores públicos integrantes del PJF, de los cuales 50.4 por ciento eran hombres y 49.6 mujeres, pero cuando se desagregan las cifras la relación del personal es asimétrica, ya que la representación femenina es mayoritaria en los cargos menores del escalafón judicial, mientras los hombres tienen mayor presencia en los puestos superiores de impartición de justicia.
Por ejemplo, en el pleno del CJF hay cinco hombres (71.4 por ciento) y hasta hoy (diciembre 2021) todavía dos mujeres (28.6 por ciento), lo mismo ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, a medida que bajamos en la escala de jerarquías, la proporción de mujeres aumenta pero no es igualitaria, salvo en el caso del CJF, donde hay 49.9 por ciento de hombres y 50.1 de mujeres en cargos menores.
Quizá la distribución de personas juzgadoras desagregada por género es ilustrativa de la desproporción. Las magistradas de los tribunales colegiados de circuito representan 19 por ciento de la distribución total, las juzgadoras de los tribunales unitarios de circuito participan con 25.3 por ciento y las juezas de distrito representan 25.7 por ciento del total de los impartidores de justicia federal.
Otra justificación que aplica a la proporcionalidad de mujeres y hombres en la integración del PJF es la gestión y el desempeño. Los censos nacionales de impartición de justicia permiten a los creadores de política pública en materia judicial apenas ver que dichos ejercicios son coordenadas de transparencia y deben, en lo sucesivo, generar eficiencias mediante el desglose de las cifras y la consecuente política para que la gestión de los órganos jurisdiccionales y gobierno interno del CJF sean objeto de toma de decisiones sustentadas en la realidad social, pues no puede haber justicia sin confianza ciudadana en sus instituciones judiciales. Justicia y opacidad son antagónicas.
En este ámbito de ideas, sólo se puede avanzar en el camino de la democratización de los espacios judiciales con paridad en la cadena de mando. La demanda no es ambigua y mucho menos trivial, pues se refiere a los avances progresistas que hoy posibilitan una mayor presencia de las mujeres en la toma de decisiones de todos los espacios de la vida pública nacional y el PJF está comprometido con la búsqueda de la paridad. Este poder está a la vanguardia de los cambios que se exigen día con día para que la paridad y la perspectiva de género aplique en la impartición de justicia y el efecto se reproduzca en los poderes judiciales de las entidades federativas y en la sociedad. Todo lo demás es y será inaceptable.
