Ciudad de México. Un juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, dejó insubsistente la orden de captura que giró en contra del ex titular de la Agencia de Gestión Urbana capitalina, Jaime Slomianski Aguilar, acusado por su probable participación en la comisión del delito cometidos por servidores públicos.

El impartidor de justicia local le notificó al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México que en cumplimiento a la suspensión provisional que el ex funcionario obtuvo la semana pasada dejó sin efecto por el momento el libramiento judicial girado en contra del justiciable y en su lugar, se negó el mandamiento de captura solicitado por el agente del Ministerio Público.

"En ese tenor, de conformidad con el ordinal 77, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen por acreditadas las gestiones que realiza con el fin de dar cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales; de lo cual, una vez que cause ejecutoria la sentencia de amparo emitida en el presente asunto, se proveerá lo conducente" señala el resolutivo del juez de amparo”, comentó.

En septiembre de 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la búsqueda de Slomianski Aguilar, así como de varios de sus colaboradores, quienes tienen orden de aprehensión por su presunta participación en delitos cometidos por servidores públicos, al causar daño a la hacienda pública por 29 millones 454 mil 238 pesos.

Lo anterior, luego de que el agente del Ministerio Público determinó que los imputados contrataron empresas de asesoría de tipo técnico y administrativo para la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de obra pública y servicios relacionados, pese a que la institución contaba con ese tipo de actividades y eran innecesarios dichos contratos.

Sin embargo, hace una semana, el juzgado cuarto de distrito de amparo del primer circuito le otorgó la suspensión provisional que evita enfrentar a las autoridades capitalinas en tanto se resuelve si se le concede o no la protección de la justicia federal.