Es inevitable repetirlo. Se acerca un aniversario más de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas del municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron salvajemente asesinados por paramilitares. La matanza es una herida que no puede cicatrizar. Los homicidas fueron liberados y los autores intelectuales nunca fueron juzgados.
Protegidos por militares y autoridades, los perpetradores de la carnicería se ensañaron con sus víctimas. Embarcados en una acción de “purificación”, se propusieron acabar con los pukuj (clase de demonio en tsotsil) y con los gusanos que contaminaban el pueblo. Para darse valor y no fallar en el trabajo, se prepararon con trago, drogas, rezos y ceremonia. Dijeron: la sangre purifica y se aprestaron a celebrar el exterminio.
Ese 22 de diciembre de 1997 unas 350 personas oraban en la explanada de un cafetal que les servía de refugio, junto a la ermita católica del lugar. Era su tercer día sin probar bocado. Creían que el ayuno y la oración ayudaba a la paz. En su mayoría eran ancianos, mujeres y niños. Formaban parte de Las Abejas.
Casi a las 11 de la mañana se comenzaron a escuchar disparos. Las balas de los AK-47 atravesaron las tablas y alcanzaron la imagen de la Virgen de Guadalupe; también los cuerpos de muchos de sus creyentes. Los niños lloraban. Los ayunantes trataron de huir y esconderse. Era una lluvia de balas espantosa, contó un sobreviviente.
Cerca de las 6 de la tarde, los asesinos regresaron a celebrar su hazaña. Ese día hubo fiesta. Durante esas horas, policías y sus jefes permanecieron a escasos 200 metros, mientras varias dependencias gubernamentales negaban que sucediera nada. Ya en la cárcel, Pedro, un joven tseltal paramilitar, con lágrimas en los ojos por tanto niño muerto, dijo a su jefe Tomás Pérez: “Pero no le fallé, cumplí con mi trabajo”.
Una primera investigación mostró la participación directa en el crimen de militares y ex militares. Entre otros, 105 elementos castrenses intervinieron: el general de brigada retirado Julio César Santiago Díaz; Mariano Arias Pérez, soldado raso del 38 Batallón de Infantería; Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz. La policía de seguridad pública protegió y entregó los uniformes a los paramilitares. Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó y dirigente del PRI, les distribuyó las armas. Algunos de los participantes directos fueron encarcelados. Nunca entregaron las armas.
Tras años en que la matanza se encontraba en el letargo político y jurídico, interrumpido sólo por la memoria viva de las víctimas, el caso volvió a la agenda política nacional a partir de los comicios presidenciales de 2006. Una ambiciosa operación oficial puso en marcha la rescritura de la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opinión pública a los responsables intelectuales.
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. La División de Estudios Jurídicos del centro justificó su involucramiento en este caso para ejemplificar el pésimo estado de la procuración e impartición de justicia.
Curiosamente, en un país en que las cárceles están llenas de indígenas inocentes, víctimas del poder, la institución educativa se involucró en la defensa de los paramilitares de Acteal que ultimaron a los integrantes de Las Abejas. La iniciativa fue acompañada por una ruidosa campaña mediática, en la que desempeñó un papel central, un profesor del CIDE, defensor de los paramilitares, aliado electoral en aquel entonces de Felipe Calderón, años después supedelegado de la 4T en Morelos y redactor del relato exculpatorio de los asesinos: Hugo Eric Flores Cervantes.
El 12 de agosto de 2009, argumentando que los asesinos no tuvieron un debido proceso, la SCJN decidió dejar en libertad a 20, plenamente identificados por los familiares de las víctimas, bajo el argumento de la que la Procuraduría General de la República fabricó evidencias para inculpar a los presos. El 2 de febrero de 2012 ordenó liberar a siete más. No resolvió si los paramilitares eran inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir, no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Al menos cuatro de los 11 ministros que integraban el tribunal (incluyendo a la hoy senadora Olga Sánchez Cordero) debían su cargo al ex presidente Ernesto Zedillo, mandatario en funciones cuando se perpetró la masacre.
Hoy se vive una imparable violencia en Aldama y en Chalchihuitán, con muertos y desplazados, consecuencia de la liberación de los asesinos materiales de Acteal. Los paramilitares de Chenalhó que a lo largo de los últimos años han atacado a los pobladores de estos municipios son los mismos que ultimaron a los integrantes de Las Abejas en Acteal hace 24 años, o los familiares de los asesinos. Rosa Pérez, la ex presidenta municipal de Chenalhó, figura clave en la reactivación de los grupos de civiles armados, es pariente de quienes perpetraron la masacre. Abraham Cruz, hasta hace poco tesorero municipal, es hijo del pastor que bendijo las armas de los homicidas (https://bit.ly/2Xle8q7).
En el CIDE hay excelentes maestros y alumnos brillantes y comprometidos. Pero, como demuestra el caso Acteal, ello no obvia que el centro haya sido utilizado para lo que fue usado.
Twitter: @lhan55
