Belice se ha convertido en la puerta de entrada a México de cigarrillos de contrabando, una actividad para la que los “pasadores” cuentan con el respaldo de los propios agentes aduaneros, asegura información publicada en Insight Crime. Dichas marcas que atraviesan fronteras de manera ilegal provienen de China, India, Vietnam, algunas de Canadá e incluso Estados Unidos, entre otros países y se cuelan frente a agentes aduaneros en días donde la vigilancia es menos estricta.

El impacto de la actividad es tal que, según un estudio realizado por Oxford Economics, hasta el primer semestre de 2021 se estima que 18.8 por ciento de todos los cigarrillos consumidos en México eran de procedencia ilícita, mientras que para 2019 esta proporción era de 15.5 por ciento, este mismo estudio indicó que la pandemia agravó la compra de estos pues los usuarios compraron marcas baratas para ahorrar dinero.

El cruce principal entre Belice y Quintana Roo tiene zonas francas en ambos lados de la frontera, lo cual facilita el contrabando de cigarros y todo tipo de productos falsificados. De hecho, las zonas francas se han convertido en una problemática a nivel global, desde Panama hasta el lejano oriente, pasando por Dubai en el medio oriente.

“Existe abundante evidencia anecdótica de que las zonas francas se utilizan para ‘desinfectar’ envíos, disfrazar el origen, agregar marcas comerciales falsificadas, fabricar y reempacar productos falsificados terminados para la exportación, convirtiendo las zonas francas en puertas de entrada para el contrabando y el transbordo de productos falsificados”, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Las redes criminales transnacionales se benefician del tráfico y el comercio ilegal de estupefacientes, armas, personas, tabaco, bienes de consumo falsificados y vida silvestre. Miles de millones de dólares de estas actividades fluyen a través de la economía global cada año, distorsionando las economías locales, disminuyendo los ingresos comerciales legítimos, erosionando las condiciones sociales y alimentando conflictos”, añade la OCDE.

La pandemia ha reducido la capacidad del estado mexicano para asegurar las fronteras debido a la cantidad de recursos desviados a los programas de salud, al mismo tiempo que las dificultades económicas de las familias incrementan la demanda de productos más baratos, aunque sean piratas. Esto resulta en daños importantes a la salud de la población, así como una reducción de los ingresos públicos que se podrían destinar a mejorar el bienestar de todos.

Solo en tabaco ilícito, el impacto recaudatorio para el gobierno mexicano es enorme. Se calcula que por esta actividad las arcas del país dejan de percibir 13.5 mil millones de pesos al año, que son necesarios para el gasto social, explica Oxford Economics.

La importación masiva de cajas de cigarros ilegales, muchos de ellos sin el código de seguridad del Sistema de Administración Tributaria, se ve complementado por el contrabando hormiga en la frontera en lugares como Chetumal.

De manera legal sólo está permitido que cada persona que atraviese la frontera sur porte tres paquetes de cigarros (“fliptop”), pero Insight Crime cuenta en su investigación que los agentes se muestran permisivos para que un día de la semana los contrabandistas crucen con todas las cajas que lleven. En la zona libre de Belice, por la aduana de Chetumal Quintana Roo, la luz verde para introducir estos productos a precios demasiado llamativos oscilando entre los 4 o 6 pesos se convierte en un atractivo negocio.

De acuerdo con el portal, luego estos cigarrillos se comercializan con un costo de entre 15 y 20 pesos en Chetumal, Quintana Roo. O bien son trasladados hasta la Ciudad de México, específicamente a Tepito en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc donde desde hace poco más de una década se ha detectado un sensible incremento en la venta de estos productos procedentes de Belice.

El comercio ilícito de productos de tabaco causa en todo el mundo grandes problemas de salud, económicos y de seguridad. Acabar con el tráfico ilícito de productos de tabaco debe ser una prioridad sanitaria y se puede combatir eficazmente, para ello es preciso mejorar sistemas fiscales y la colaboración de entidades nacionales e internacionales.