La aspiración ciudadana de proteger la Sierra de San Miguelito (SSM) ha navegado por aguas procelosas desde que en mayo de 2019 la asumió como propia el presidente López Obrador (AMLO). El decreto presidencial publicado el pasado 13 de diciembre por el cual se la declara Área Natural Protegida (ANP), pero sobre todo, el logro extraordinario de establecer un polígono de protección de 111 mil 160 hectáreas, ha tenido que sortear múltiples riesgos y obstáculos en los casi mil días que ha durado el proceso de declaratoria. Los primeros escollos se presentaron a escala local tanto por el anterior gobernador priísta Juan Manuel Carreras, como por el anterior presidente municipal panista de la capital potosina Xavier Nava Palacios. Ambos personajes operaron como empleados de los más depredadores intereses inmobiliarios de la región, e intentaron engañar al Presidente al presentarle una propuesta de protección de la SSM de sólo 63 mil hectáreas. Nava Palacios, por ejemplo, logró el pasado marzo la abolición de los planes municipales que en 1993 y 2003 habían ya declarado a la SSM como no urbanizable y Área Natural de Protección del Patrimonio Paisajístico y Recarga.
Otros peligros se presentaron durante el fugaz paso de Víctor Toledo por Semarnat. La gestión de este ex secretario corroboró las enormes dificultades que enfrentan las secretarías de Estado ante la continuidad de funcionarios que desde hace años, generalmente por corrupción, han actuado como infiltrados y operadores de diversos intereses empresariales y ahora lo hacen en detrimento de los objetivos de la autodenominada 4T. Además de haber sido víctima de su ingenuidad política, Toledo fue el responsable de haber encomendado a un grupo de geógrafos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM (campus Morelia) el estudio técnico justificativo y la primera propuesta de polígono de protección de la SSM. Este equipo de académicos propinó una puñalada al proyecto de ANP al excluir de su propuesta áreas de la SSM que eran ambicionadas por los urbanizadores, principalmente la Cañada del Lobo, patrimonio histórico y ambiental de los potosinos (exclusión que, por cierto, no ha sido aclarada). El deficiente trabajo de los geógrafos de la UNAM provocó fuertes presiones sobre los defensores de la SSM, especialmente los comuneros de San Juan de Guadalupe que forman parte de los Guardianes de la Sierra. También en este contexto apareció la figura de César Sánchez Ibarra, director general de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien en reiteradas ocasiones se mostró como uno de los principales operadores de los intereses inmobiliarios.
Frente a ello, los defensores de la SSM, con los Guardianes de la Sierra a la cabeza, aumentaron el despliegue de información y las acciones jurídicas para contrarrestar la ofensiva mediática de los urbanizadores y sus paniaguados. Tejiendo alianzas, lograron hacerse del apoyo decidido del músico Rubén Albarrán, quien dio espacio y voz a los comuneros de San Juan de Guadalupe para denunciar la situación en dos conciertos masivos de Café Tacvba. Por su parte, el movimiento mundial por la Justicia y la Paz Jai Jagat (Victoria al planeta) y el movimiento gandhiano internacional, a través de OraWorldMandala, entraron en escena para internacionalizar la lucha y dejar en claro que la defensa de la SSM es la defensa de todo el planeta. La posterior llegada de la activista María Luisa Albores al frente de Semarnat permitió recuperar las esperanzas de enderezar un proceso cada vez más amenazado por la corrupción y la violencia. La secretaria Albores se trazó el objetivo de lograr la declaratoria no sólo por convicción, sino también para cumplir la palabra empeñada de AMLO con los potosinos y con todo México. Sin embargo, hubo de enfrentar un enrarecido contexto en Semarnat ante la presencia de funcionarios que defienden intereses contrarios al derecho humano a un ambiente sano.
El caso más grave fue precisamente el de César Sánchez, quien pretendió garantizar la exclusión de mil 805 hectáreas del proyecto de declaratoria para ser entregadas a los urbanizadores. Esta intentona provocó la difamación hacia el periodista Julio Hernández, quien entró en acción para dar gran visibilidad al conflicto y defender con pruebas la denuncia que hizo sobre la sucia maniobra de Sánchez Ibarra, que tomó desprevenida a la titular del ramo. El entuerto causado por ésta y otras acciones de sabotaje interno en Semarnat se logró deshacer gracias a la sensibilidad de Albores, quien aceptó escuchar la versión de los defensores de la SSM y recibir información precisa sobre la verdadera situación jurídica, social y política por la que atravesaba el proceso de declaratoria. Su apertura y compromiso hicieron la diferencia. Sin embargo, la furia de los poderes fácticos y sus aliados políticos, afectados en sus depredadores planes por la reciente declaratoria presidencial, amenazan con imponer un clima de violencia, desinformación y acciones legaloides para intentar revertir lo hasta ahora logrado por los ciudadanos. La urgencia de profundizar la organización y cerrar filas con Albores será fundamental, porque lo difícil está por venir.
