Andrés Manuel López Obrador es coherente con su promesa de poner fin al neoliberalismo en la 4T terminando privatizaciones, rescates a empresas privadas con recursos públicos y con contrarreformas para el sector energético. Pero, a pesar de que hay distintas definiciones, el neoliberalismo también se identifica con el llamado Consenso de Washington, que en su recetario incluye la liberalización del comercio y privilegios y protecciones a la inversión extranjera directa (e indirecta).
En contrasentido al combate del neoliberalismo, la 4T ha venido promoviendo los tratados comerciales y de inversión desde antes de la alternancia del poder en 2018. Según Jesús Seade, “cuando el Presidente me eligió para ser su negociador (en la recta final del T-MEC), me dijo que no tenía problema con el libre comercio”, y así se impuso el nuevo TLCAN, que tiene poco de nuevo porque la racionalidad económica del “libre comercio” es la misma y fue, al igual que su predecesor, negociado por un estrecho grupo de tecnócratas bajo los dictados exclusivos de líderes empresariales y élites neoliberales.
Un cambio sustancial en el T-MEC es, sin embargo, la eliminación de los mecanismos de arreglo de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). No obstante, con perversidad y entreguismo de soberanía, el equipo negociador de Ildefonso Guajardo permitió la introducción de un “Anexo 14A” entre México y EU que mantiene a nuestro país subyugado al régimen de demandas supranacionales. Como expliqué en 2018 en una publicación de la Universidad de Columbia (https://bit.ly/3IOIWYq) “el T-MEC sienta un preocupante precedente para el trato de los países en desarrollo bajo el régimen internacional de inversiones. El acuerdo establece un enfoque de dos niveles para la protección de los inversionistas que probablemente dejará a México mucho más vulnerable ante la amenaza de costosas demandas de inversionistas que Canadá o EU podrán entablar, especialmente en sectores sensibles como el petróleo y la infraestructura”. Mientras países ricos eliminan el régimen de demandas inversionista-Estado entre ellos, éste se mantiene para disciplinar a países periféricos y garantizar la continuación del saqueo de sus recursos naturales.
El Anexo 14-E del T-MEC mantiene las protecciones del TLCAN (incluido el estándar mínimo de tratamiento, prohibiciones a controles de capital y a requisitos de desempeño a la inversión, y cláusulas de expropiación indirecta para garantizar la obtención de ganancias esperadas) para disputas relacionadas con contratos gubernamentales específicamente con los sectores de petróleo y gas, generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. No incluye el requisito de agotar los recursos legales domésticos que se aplica en otras partes del tratado. Así, la 4T, en su propósito de que México logre un mejor control de sus recursos naturales, continúa expuesto a arbitrarias decisiones de tribunales privados en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en Washington.
Por tanto, es menester para la 4T comenzar a diseñar en 2022 una estrategia para eliminar el Anexo 14-E del T-MEC (https://bit.ly/3m7aKO8) y dejar a México, al menos jurídicamente, como un socio en igualdad con sus contrapartes en Norteamérica.
Mirando hacia América Latina, otro contrasentido en el objetivo de contrarrestar al neoliberalismo, así como de la ambición de la 4T de reactivar la Celac, es la permanencia de México en la divisionista y neoliberal Alianza del Pacífico, la cual incluye exclusivamente a Chile, Colombia, México y Perú. Esta alianza nació impulsada desde Washington por el gobierno de Obama (primeramente llamada Caminos para la Prosperidad en las Américas), como remedio ante el rotundo fracaso del gobierno de George W. Bush en 2005 de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Fue instaurada por los gobiernos neoliberales de Piñera, Santos, Peña Nieto, Humala, cumpliendo con EU en su propósito de menoscabar la integración latinoamericana, dada la amenaza para su hegemonía que entonces representaban el ALBA y el Mercosur. Como dijo el recientemente fallecido general Colin Powell en 2001: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas estadunidenses el control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capitales a un mercado único de más de 800 millones de personas, con una renta total superior a los 11 billones de dólares”. El ALCA era la doctrina Monroe a todo su esplendor.
México continúa en la Alianza del Pacífico, aunque AMLO dijo en la cumbre 15 que “una nueva realidad después de la pandemia de Covid-19 significa reinventarnos en todos los órdenes, porque ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica. Es muy importante repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal, desde luego bueno para las minorías, muy malo para los pueblos” ( La Jornada, 12/12/20).
Ahora México negocia un TLC con Ecuador, país que vira hacia el neoliberalismo desde la elección de Guillermo Lasso, quien espera que México le ayude a entrar a la Alianza del Pacífico.
En lugar de eso, México, con la probable ayuda de Perú, debe salir de la neoliberal Alianza del Pacífico y tomar la iniciativa de crear un organismo comercial con principios de justicia y equidad en toda la región latinoamericana y del Caribe, autónoma de Estados Unidos y que, haciendo eco a las palabras de AMLO respecto de la OEA, no sea lacayo de nadie.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington DC, www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS