El acuerdo presidencial que cataloga como asuntos de seguridad nacional las obras y proyectos prioritarios del gobierno federal impide otorgar suspensiones en los más de 158 amparos, controversias y solicitudes de atracción, pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación, contra estas obras públicas.

Por ejemplo, contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el colectivo #NoMasDerroches, del empresario Claudio X. González, promovió 147 amparos en decenas de juzgados federales de ocho entidades del país.

Ante la cantidad de amparos, el Consejo de la Judicatura Federal decidió concentrar todos los juicios sobre este tema en el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

En algunos de estos recursos se concedieron suspensiones que paralizaron el proyecto del AIFA por semanas, hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional argumentó que la obra era un asunto de interés nacional, por lo cual la medida cautelar fue levantada por un tribunal colegiado.

Aun así, los juicios siguen y, en cinco de eso casos, se ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para definir tanto si fue constitucional la cancelación del nuevo aeropuerto capitalino en Texcoco, estado de México, como el desarrollo del nuevo proyecto en Santa Lucía.

La vía judicial también fue promovida contra el proyecto del Tren Maya, en donde comunidades indígenas de la zona pidieron a la SCJN que atrajera sus amparos, en los cuales impugnaban la falta de consulta previa para emprender la obra y el daño que ésta causaría al medio ambiente, a su identidad cultural, costumbres y tradiciones.

Aunque la SCJN rechazó atraer estos casos, los juicios de amparo siguen en estudio en tribunales federales.

También el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue impugnado de manera similar, por cinco comunidades mixes y zapotecas, que promovieron amparos ante el juzgado séptimo de distrito, de Salina Cruz, Oaxaca.